El empresario Jochy Gómez, vinculado a la Operación Camaleón -caso en el que se desmanteló una red de corrupción acusada de defraudar al Estado mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo-, volvió a ser tema de conversación pública tras rumores de que supuestamente su residencia había sido allanada.
Sin embargo, su abogado, Carlos Balcácer, aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de una incautación.
«No hubo allanamiento, fue una visita que hace el Ministerio Público en diligencia de incautar el inmueble donde el vive. Ese inmueble, el Ministerio Público pretende involucrarlo dentro de la investigación y acusación que se avecina en camino a decomiso. Eso es una cosa, y otra cosa es que en el fondo de un preliminar, o de un fondo de juicio, se le acoja esa petición», dijo el jurista en el programa Sol de la Mañana.
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Balcácer agregó que la autorización para esa incautación fue emitida por “la misma jueza de la instrucción que ellos recusaron porque les levantó el impedimento en cinco ocasiones”.
Además, señaló que la medida será litigada junto con el fondo del proceso preliminar, y cuestionó el procedimiento del Ministerio Público:
«Esa incautación, obviamente judicial, y la misma se va a litigar junto con el fondo del preliminar. Ahora bien, ¿dónde viene el déficit de esa diligencia? A esa señora se le vence el plazo de la investigación. ¿Implica eso un fracaso para ellos? No, porque el Código le da una oportunidad mientras lo intimen … lo que no puede es llevarse una incautación con el plazo cerrado de la investigación», concluyó el abogado.
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