Tras muchos desacuerdos, el PRM, el PLD y la FP encontraron un punto en común. La oposición y el Gobierno se coligaron en el Congreso Nacional para aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que ahora es objeto de críticas por amplios sectores porque se entiende que es una amenaza contra las libertades públicas, especialmente la libre expresión y difusión del pensamiento y el secreto profesional de los periodistas.
Una revisión de la votación en la Cámara de Diputados revela que, de los cien representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 77 votaron a favor de la nueva ley; dos se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron.
Mientras, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, dos en contra, uno no votó y hubo 21 ausentes.
A su vez, de la Fuerza del Pueblo, que ocupa 18 escaños en la Cámara Baja, doce votaron sí, nadie se opuso, dos se abstuvieron y ocho no asistieron.
Incluso 12 de 20 de los denominados bloques independientes y minoritarios apoyaron la Ley 1-24 que ya fue promulgada por el presidente Luis Abinader.
Mientras que en el Senado el proyecto fue sancionado con 21 votos a favor y cuatro en contra. La Fuerza del Pueblo presidió la comisión de esta cámara que dio el informe favorable a la pieza.
Una contradicción
La votación contradice la posición pública asumida por dirigentes opositores, como Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, quien calificó la ley de inconstitucional y la señala como “una amenaza a la libertad de expresión y la democracia”.
De su lado, Rafael Tobías Crespo, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, había declarado a medios locales que se supone que ningún organismo de inteligencia debería contar con autorización legal para indagar sobre cualquier aspecto de la vida de un ciudadano que no implique una potencial violación a la ley.
Con su apoyo al proyecto, los legisladores del PLD y la FP votaron, también, en contra de la posición asumida por su aliado en los próximos comicios municipales y congresuales, en la Alianza Opositora Rescate RD, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual calificó la ley de “inaceptable” por entender que “tendrá un revés de inconstitucionalidad”.
Coherencia gobierno
Quien ha actuado de manera coherente con relación a la cuestionada Ley 1-24 que crea la DNI ha sido el gobierno que ha defendido la pieza alegando que esta representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción.
El presidente Luis Abinader entiende que hay una confusión en la compresión de la normativa, cuyo cuestionamiento por amplios sectores llevó a que la vicepresidenta Raquel Peña anunciara ayer que se formó una mesa para revisarla “y que se va a revisar todo eso”.
Voces se levantan
Tanto la Sociedad Dominicana de Diarios como la Iglesia católica, entre otros sectores, han manifestado su preocupación por el alcance y las consecuencias de la nueva legislación.
El arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, consideró como un “jaque mate” a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la recién promulgada ley de la DNI.
Este lunes, a las 10:00 de la mañana, grupos sociales acudirán al Tribunal Constitucional para ofrecer detalles sobre acciones legales que anunciaron interpondrán contra la nueva legislación.
Reunión hoy con SDD
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) se reunirá este lunes con las autoridades del Departamento Nacional de Investigaciones.
La SDD estará representada por su presidente y director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado; su vicepresidente y presidente de Diario Libre, Aníbal De Castro, y el asesor legal y tesorero, Manuel Tapia López.
La SDD ha expresado su preocupación por las ambigüedades percibidas en varios artículos de la nueva ley como los 9, 11 y 26.
A propósito del debate sobre esta ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sentó precedente en el 2013, al establecer que para la entrega de informaciones se debe contar con la orden de un juez, a fin de no vulnerar el derecho al secreto y la privacidad.
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La sentencia 0200-13 del 7 de noviembre del 2013, del Tribunal Constitucional, estableció que el acceso a los datos debe ser dispuesto por una ordenanza emitida por un juez competente, que debe estar debidamente motivada, por involucrar en principio, una transgresión al derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones. Esta sentencia fue promulgada tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Namphi Rodríguez y José Rafael Molina Morillo, contra la resolución 086-11 que aprobó el “Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, dictada por INDOTEL. La resolución violaba los artículos 40 numerales 10, 13 y 15; 44.3, 69.7 y 74.2 de la Constitución.
