Participación Ciudadana afirmó este miércoles que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es inconstitucional, debido a que establece la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial.
Según una nota de prensa, la organización de la sociedad civil señaló que esto violaría el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional.
En ese sentido, indicó que esa ley debe ser reformada de inmediato para que se incluya de manera explícita la obligación de los agentes de la entidad de obtener la autorización judicial correspondiente antes de solicitar información.
“De no ser reformada, estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales”
Además, la organización manifestó comprender la preocupación que ha generado esta ley en la población.
“Sobre todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo la redacción del artículo 11, que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales”, subrayó.
Participación Ciudadana también consideró que los artículos 26 y 30 deben ser revisados.
Asimismo, destacó la importancia de aclarar la actuación del DNI para evitar interferencias con las funciones del Ministerio Público.
“Recordemos que las evidencias que pueda recoger el DNI de cualquier violación a la norma que ponga en peligro la seguridad nacional deben obtenerse cumpliendo con el debido proceso y con la supervisión del Ministerio Público, ya que de lo contrario dichas evidencias no podrán ser utilizadas por el Ministerio Público para sustentar cualquier acusación. Se necesita una mayor claridad en la relación DNI–Ministerio Público en la Ley”, argumentó.
La entidad valoró positivamente el debate generado por la Ley 1-24, ya que ha servido para alertar sobre la protección de nuestros derechos fundamentales.
“Esas alarmas han sonado de manera clara y contundente. La prensa y otros sectores han desempeñado su papel”, precisó.
Sin embargo, criticó que este debate se utilice con fines electorales, ya que no contribuye a la creación de conciencia ciudadana y perjudica a la democracia.
“Tanto el gobierno como los partidos de oposición deben asumir su responsabilidad en las críticas que ahora se hacen a esta Ley. Dado que parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la modificación de los artículos cuestionados se realice de inmediato”, concluyó.
