El nivel de gasto público está convergiendo al de un país desarrollado. Es lo que se concibió en la estrategia nacional de desarrollo, pero también lo que han validado los partidos políticos, ya sea desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo: Un Estado que gaste entre 20 y 25% del PIB. Pero nuestra realidad sugiere que será complicado exigir a todos los sectores una mayor carga tributaria para financiarlo, especialmente a aquellos ya agobiados por impuestos.
¿Cuál es el tamaño del Estado que queremos? Es una pregunta válida. La respuesta es más complicada de lo que parece. Una forma de responder es ver la ejecución histórica del gasto público.
Hasta el 2019 el Gasto Público promedio fue de 17.1% del PIB. El Covid nos llevó a 22.5% en 2020. En 2021 el gasto ejecutado fue 18.3% del PIB. Pero ya a partir del 2022 el promedio ha sido de 19% del PIB, incluyendo lo presupuestado para este año que alcanza un 19.1%.
Parece muy difícil que el gasto baje de este umbral si tomamos en cuenta que una parte importante de este aumento se debe a un mayor pago de intereses y al aumento de los programas sociales. Más aún si consideramos que ahora tenemos un mayor gasto total, pero con menor inversión pública.
Ese es el tamaño del gasto que tenemos, pero el que queremos es diferente. Al menos, el que quieren nuestros políticos que son los que toman las decisiones en representación de la sociedad que los elige.
El pasado 7 de marzo el director de Presupuesto dijo que se necesita aumentar el gasto: “La gente quiere más seguridad ciudadana, más defensa de la frontera, más salud; los médicos, los bioanalistas andan buscando mayores pensiones y necesitamos, indudable, más recursos.”
Antes lo había dicho el presidente Abinader. En unas declaraciones del 30 de agosto del año pasado señaló: “Es necesario que realicen esfuerzos para mejorar la salud, la seguridad ciudadana, así como continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras, como terminar el sistema de transporte masivo sobre Santo Domingo”, y para eso “se necesitan más ingresos”.
A lo largo de lo que va de año y aún en medio de la campaña electoral, el Presidente ha sido muy transparente. En diversos foros ha dicho que el Gobierno necesita gastar más en salud (para garantizar mayor cobertura); en seguridad ciudadana (más policías y mejores sueldos); y en infraestructura.
Si queremos otros indicios, solo hay que ir a la propuesta de reforma fiscal del año 2021. En ese momento el Gobierno identificó gasto adicional por un monto de 5.3% del PIB en diversos sectores, como se muestra en el siguiente cuadro:
Nuestros legisladores a lo largo del tiempo han ido más lejos, aprobando leyes que asignan recursos que hasta la fecha resultan imposibles de cumplir, pero que marcan una tendencia clara hacia el aumento del gasto.
El informe explicativo del Presupuesto 2024 en su página 170 lo dice claramente: “Un recuento exhaustivo indica que existen 28 leyes que condicionan el uso de fondos públicos, constituyéndose en rigideces presupuestarias para la asignación del gasto público.”
Estas leyes que en la práctica no se pueden cumplir, implican más recursos para las siguientes instituciones: Banco Central, UASD, Ayuntamientos, Conani, Intabaco, Conaleche, JCE, Congreso Nacional, Poder Judicial, Procuraduría General, Cámara de Cuentas, DGII, DGA. También los siguientes Ministerios: Juventud, Mujer y Turismo; y también para seis fondos especializados.
Si se cumpliese el mandato de estas leyes, en 2024 el gasto adicional sería de RD$410,619 millones, equivalentes a 5.5% del PIB. Esto llevaría el gasto público de 19.1% a 24.6% del PIB.
Pero la cosa no para ahí. La Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2025 tenía una meta de Gasto en Educación de 6.5% del PIB, un aumento de 62.5% respecto al astronómico nivel actual; y también una meta de gasto en salud de 4.5% del PIB, más del doble que el porcentaje que se le asigna ahora de 1.8% del PIB.
En síntesis, queremos un nivel de gasto público que va convergiendo al de un país desarrollado. Es lo que se concibió en la estrategia nacional de desarrollo, pero también lo que han validado los partidos políticos, ya sea desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo: Un Estado que gaste entre 20% y 25% del PIB.
Pero para esto se necesita pedirle a toda la población que pague más impuestos. Y aquí el Gobierno va a tener que manejarse muy cuidadosamente.
El aumento del gasto en asistencia social se hace ahora bajo el manto de que es inversión en paz social. Pero poco a poco hemos ido creando un Estado asistencialista. La nómina pública es una suerte de ayuda social para muchas personas que no tienen habilidades para conseguir empleos en el sector privado (además de las cuotas de los compañeritos); y si nos llevamos del Censo del 2022, el hecho de que el programa Supérate esté llegando a 1.55 millones de hogares, implica que el Estado está alcanzando al 42% del total de familias del país.
En el caso de las pensiones que otorga el Estado no se ve un criterio claro de asignación; algunos subsidios son generalizados y por tanto benefician más a los más ricos; y otros no implican mejora de bienestar a largo plazo, como los subsidios que se dan de vez en cuando por motivo del Día de las Madres o en otras fechas especiales.
No queda claro viendo estas realidades que va a ser fácil pedirles a todos los sectores que asuman una carga tributaria mayor, incluyendo a los que ya están saturados de impuestos.
Si se hace más de lo mismo, la clase media será la gran perdedora: casi no recibe subsidios del Estado, tiene que pagar adicional por los servicios públicos que no se suplen adecuadamente; y encima no tiene cómo defenderse en caso de que le aumenten los impuestos. Y ahora tenemos una clase media gigantesca luego de décadas de crecimiento económico casi ininterrumpido. Este segmento de la población tendrá mucho que decir a la hora de la discusión de una reforma tributaria, tal vez hasta tenga la última palabra.
