El Gobierno de Argentina tomó recientemente la decisión de traspasar la deuda interna del Banco Central a la Tesorería General de la Nación. En menos de tres meses el Banco Central traspasó los 39 billones de pesos que tenía asentados como deuda interna en su Estado de Situación el pasado 7 de mayo. Lo hizo para cortar de raíz la emisión de dinero que realizaba el Banco Central cuando pagaba una tasa de interés de 40% sobre sus valores en circulación. O como dicen los economistas, “para eliminar la emisión endógena generada por los pasivos remunerados del Banco Central”. Para neutralizar la expansión monetaria que el pago de intereses producía y evitar la repercusión sobre la inflación, el Banco Central tenía que emitir nueva deuda para levantar la liquidez que permitiese honrar el pago de intereses. El Ministerio de Economía y el Banco Central acordaron desmantelar el esquema Ponzi respaldado por el monopolio de emisión del Banco. La única forma de hacerlo era traspasando la deuda interna del Banco Central a la Tesorería. En lo adelante, el Gobierno será el responsable de pagar los intereses sobre dicha deuda. El Gobierno ha informado que, con los ahorros fiscales producido por los recortes en el gasto público, podrá pagar los intereses correspondientes.
El 9 de mayo de 2016, en un artículo publicado en El Caribe, recomendamos al Gobierno dominicano el traspaso de la deuda interna del Banco Central a Hacienda. En aquel momento, esta ascendía a RD$404,542 millones y generaba gastos de intereses anuales al Banco Central ascendentes a RD$62,247 millones. Esa recomendación la incluimos en la “Propuesta de Reforma Fiscal Integral” del 15 de septiembre de 2016 que presentamos a la administración de ese entonces. En varias ocasiones más, en artículos y en algunos programas de entrevistas a través de diversos medios, planteamos lo mismo, pues entendemos conveniente liberar al Banco Central de una deuda que en realidad no es suya y que se originó en la decisión de rescatar a los depositantes de los bancos que colapsaron en el 2003-2004. Por alguna razón, el Gobierno y el Banco Central han considerado que lo mejor es mantenerla en el Banco Central. Al 22 de julio de 2024, esta ascendía a RD$1,027,814 millones, estimándose que generará gastos de intereses al Banco Central por RD$138,501 millones este año, más del doble de lo que enfrentaba el organismo emisor en 2016.
Algunos economistas me han preguntado si realmente es viable traspasarla a Hacienda teniendo en cuenta que este año, por ejemplo, el Gobierno tendrá que pagar intereses sobre su deuda interna y externa ascendentes a RD$263,817 millones. ¿Es posible para Hacienda asumir adicionalmente los RD$138,501 millones de los intereses que pagará en 2024 el Banco Central sobre sus valores en circulación? Entendemos que sí. En primer lugar, el traspaso de la totalidad de la deuda interna del Banco Central a Hacienda liberaría a esta del pago de los intereses sobre los bonos de recapitalización que están en poder del Banco Central, ya que esos bonos, ascendentes a RD$132,362 millones, así como las Cuentas por Recibir del Estado dominicano, ascendentes a RD$687,424 millones a final de 2023, se borrarían con el traspaso. Adicionalmente, Hacienda no tendría que hacer aportes al Banco Central para su recapitalización. Ambas partidas, los intereses y los aportes habían sido presupuestados en 2024 en RD$44,467 millones.
En segundo lugar, es bien sabido que mientras los intereses devengados por los valores en circulación del Banco Central están sujetos al pago del impuesto sobre la renta del 10%, los bonos de Hacienda están exentos. En consecuencia, si el canje de los valores en circulación del Banco Central y los de Hacienda se hace a razón de (BC) RD$1 = (MH) RD$1, los bonos emitidos por Hacienda devengarían una tasa de interés más baja que la pagada en promedio por los valores del Banco Central. En consecuencia, a los RD$138,501 millones que presupuestó el Banco Central de pago de intereses sobre sus valores en circulación, Hacienda les aplicaría un descuento de RD$13,850 millones. De esa manera, los tenedores terminarían recibiendo el mismo retorno neto después de impuesto.
En tercer lugar, dado que el Banco Central habría sido liberado de una enorme deuda interna que generaba una pérdida cuasi-fiscal importante, este comenzará a operar con un creciente superávit. Para que se tenga una idea, veamos lo que habría sucedido en el Balance de Ingresos y Gastos de 2023. En ese año, el Banco Central cerró con una pérdida de RD$43,733 millones. Si eliminamos los ingresos ascendentes a RD$42,324 millones recibidos por el Banco Central de Hacienda por concepto de intereses sobre los bonos de recapitalización y de aportes para su recapitalización y borramos los gastos ascendentes a RD$127,234 millones correspondientes a los intereses pagados por el Banco Central sobre sus valores en circulación, en lugar de una pérdida de RD$43,733 millones en 2023, el Banco Central habría terminado con una ganancia de RD$42,178 millones. Ante esta nueva situación, el Banco Central no tendría ninguna justificación para seguir reteniendo como suyos los ingresos de señoreaje, los cuales corresponden al soberano, es decir, al Gobierno, representado en este caso por Hacienda.
¿A cuánto ascendería el señoreaje en el 2024? Tome la base monetaria restrictiva promedio estimada para 2024 (RD$425,000 millones), multiplíquela por la tasa de interés interbancaria promedio ponderada de 2024 (11.4%) y réstele el costo de acuñación estimado para 2024 (RD$1,225 millones). El lector puede comprobar que los ingresos de señoreaje ascenderían a RD$47,225 millones. Esa suma el Banco Central la habría pagado a Hacienda en 2024 si el año pasado hubiésemos traspasado la deuda interna del Banco Central a Hacienda. Nadie debería argumentar que este pago generaría inflación. Recordemos que una economía que crece un 5% en términos reales con una inflación promedio de 4%, registrará un aumento del PIB nominal cercano a 9%. Al aumentar el ingreso nominal en 9%, la demanda de dinero en el país, la cual generalmente ha estado en armonía con la teoría convencional de la demanda de dinero que postula la elasticidad ingreso unitaria (un aumento del ingreso de 1% genera un aumento de 1% en la demanda de dinero), crecería también en 9%. Con una oferta monetaria (M1) promedio de RD$748,072 millones en 2023, la economía requería un aumento de M1 promedio de RD$67,326 millones en 2024. Como se observa, el pago del señoreaje apenas cubriría el 70% del aumento no-inflacionario requerido de la oferta monetaria para mantener el equilibrio en el mercado monetario.
Visto lo anterior se tiene que Hacienda recibiría del Banco Central junto con la deuda traspasada por este, una factura de pago de intereses por RD$138,051 millones, la cual honraría con los RD$44,467 millones que ya no pagaría Hacienda al Banco Central por intereses y aportes para la recapitalización; con RD$13,850 millones de reducción de intereses que devengarían los bonos de Hacienda en relación a los que pagarían los títulos del Banco Central por el tratamiento impositivo diferenciado vigente; y con los RD$47,225 millones de los ingresos del señoreaje que el Banco Central pagaría al Ministerio de Hacienda.
Como puede calcular el lector, Hacienda necesitaría RD$32,509 millones para completar el pago. ¿De dónde los podría sacar? Aquí van algunas opciones para escoger. Cuando se aprobó en 1997 la Ley General de Educación que estipuló el 4% del PIB para educación, el Ministerio de Educación incluía las áreas que hoy cubren el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura.
En el 2024, entre los dos consumirán RD$25,952 millones. Tomen la decisión de respetar al pie de la letra la Ley General de Educación y fusionen estos dos ministerios con el MINERD, de tal manera que los RD$25,952 millones emanen del 4% del PIB y no de asignaciones separadas. Lo que se asignaba a ambos, envíenlo a Hacienda, con lo cual el faltante para pagar la nueva factura de intereses bajaría a RD$6,557 millones. Esta colita Hacienda la pagaría con los ahorros de intereses que tendría cuando haga el “rollover” de su deuda ahora desde una posición de único emisor de deuda pública, lo que desde 12 años venía proponiendo la OECD en su estudio “Capital Markets in the Dominican Republic”, al concluir que la existencia de dos emisores de deuda pública estaba creando serias distorsiones en nuestro mercado de deuda pública. Hacienda, operando como monopolio en la emisión de deuda pública, de seguro tendría más capacidad de negociar tasas de interés reales más bajas que las anormalmente altas que ha tenido que pagar al tener la competencia en la emisión de deuda pública de un Banco Central que coloca la suya a sabiendas que a final la factura de intereses terminará siendo asentada en la partida de Cuentas por Recibir del Gobierno dominicano.
Si faltasen unos pesos, de seguro que el Gobierno los podría sacar de lo que debería producir la reforma tributaria, la cual generaría entre RD$110,000 y RD$220,000 millones de pesos, dependiendo si el objetivo recaudatorio adicional es 1.5% o 3.0% del PIB. Si al final se decide que es mejor que la deuda interna del Banco Central siga siendo manejada por este, debemos estar conscientes de que esta seguirá aumentando todos los años, con lo cual profundizaríamos las distorsiones que genera la existencia de dos emisores de deuda pública compitiendo por la demanda de inversionistas institucionales en nuestro muy poco profundo mercado de capitales. Esa distorsión seguiría provocando que, mientras República Dominicana logra colocar deuda global en dólares a tasas muy competitivas dada su calificación de riesgo para la deuda soberana, internamente se ve forzada a pagar tasas de interés reales anormalmente altas e injustificables, como el 6.8% (10.25% – 3.46%) que actualmente paga sobre sus bonos domésticos a 7 años.
