Un 22 de enero de 2017 las calles del Distrito Nacional lucían verdes. Miles de manifestantes vestidos de ese color se congregaban en la primera Marcha Verde celebrada ese día. Así nació un movimiento popular, cívico y, en apariencia, apartidista, que aglutinó las esperanzas de aquellos que vieron en él una vía para reclamar las soluciones a problemas sociales y los cambios que demandaba el país. Su lema era: “Por el fin de la impunidad”.
En aquel año se sentía un renacer en la manera de protestar de los dominicanos. Los ciudadanos caminaron por la avenida 27 de Febrero y la calle 30 de Marzo, hasta el Parque Independencia, exigiendo a las autoridades combatir la corrupción.
Desde ese 22 de enero, y durante tres años intensos de protestas (2017-2020), la Marcha Verde organizó más de 30 manifestaciones en distintas ciudades del país. Pero ocho años después ese movimiento ha desaparecido.
El cambio de gobierno significó para la Marcha Verde un letargo del cual, hasta estos días, no muestra señales de recuperarse.
La iniciativa, que ganó trascendencia nacional e internacional, comenzó pidiendo justicia contra los implicados en escándalos de corrupción, principalmente en el caso Odebrecht, empresa que reconoció haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país.
En el llamado Libro Verde se recogieron 312,415 firmas de ciudadanos que fueron entregadas en el Palacio Nacional por representantes del movimiento, junto a una carta que contenía sus reclamos. Esta planteaba que el presidente Medina creara una comisión independiente de fiscales que investigara todo lo relacionado con Odebrecht, en compañía de las Naciones Unidas.
Además, pedía el sometimiento a la justicia de los funcionarios señalados como sobornados. En adición, solicitaba el sometimiento a juicio popular del presidente Danilo Medina y que se celebrara una Asamblea Constituyente para relevar el gobierno.
Finalmente, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron condenados por el caso Odebrecht, a ocho y cinco años de prisión, en primera y segunda instancias, pero resultaron posteriormente absueltos, en agosto del 2024, por la Suprema Corte que conoció un recurso de apelación.
El principio del fin
Entre las marchas más multitudinarias de este movimiento destacaron las de la capital, Santo Domingo, y ciudades como Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y Puerto Plata. A lo largo de esos tres años de activismo, esas manifestaciones fueron claves en el impulso del debate público sobre la corrupción y las debilidades del sistema judicial nacional.
Entre los convocantes de la Marcha Verde figuraban el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, Foro Ciudadano, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, el Centro Juan XXIII, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Bloque Popular, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Comité Codiano y la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte.
También, el Frente Estudiantil Flavio Suero, Los Peregrinos de Moca, Juventud Caribe, Faprousad, La Multitud, el Frente Universitario Renovador, Grupo Milenio Verde y el Partido Unificado de los Comunistas Dominicanos (PUCD-Tsunami Verde).
Más adelante, una parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se unió al movimiento verde, luego de que Medina se reeligiera con el 63 % de los votos en el 2016.
Otros intereses gravitaron en el movimiento cuando representantes de empresas generadoras eléctricas privadas que vendían energía al Estado dominicano, también lo apoyaron, ante la entrada en funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (construida por un consorcio ligado a Odebrecht). Pero fue la integración de las cabezas más visible del movimiento al Gobierno, tras el triunfo electoral del PRM, lo que, al parecer, terminó por desactivar la marcha que, hasta hoy, se detuvo.
En el 2020, a pocos días de que el presidente Luis Abinader llegara al Palacio Nacional por primera vez, tras ganar las elecciones del 5 de julio, un grupo de dirigentes de la Marcha Verde lo apoyó públicamente, encabezado por María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Natalia Mármol, Heidy Adón, Danny Reyes, Jhonatan Liriano y Rafael Jovine, entre otros. El paso de estos dirigentes al Gobierno afectó el movimiento de protestas en el país. Desde entonces, han sido menos significativas las manifestaciones en contra de la corrupción desde el Estado.
