Panorama Nacional. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), hizo un llamado urgente a la nueva Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que impulse y dé aplicación efectiva a la Ley No. 340-22, sobre Extinción de Dominio.
La FJT subraya la necesidad de que la Procuraduría General de la República fortalezca el uso de esta herramienta legal fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, utilizando la extinción de dominio para recuperar los bienes adquiridos de manera ilícita, independientemente del resultado penal.
El vicepresidente ejecutivo de FJT, Máximo Calzado Reyes, destacó que, pese al paso del tiempo, condenas penales, acuerdos u otras modalidades alternas de zanjar la acción penal, poco importaría o sería un obstáculo para aplicar la naturaleza civil y expropiatoria de bienes ilícitos, fuera y al margen de lo penal.
En suma, ni las condenas, acuerdos o sometimientos penales, al margen del resultado punitivo, no pueden servir de mecanismo para cubrir el origen ilícito de bienes mal adquiridos. No importa cuánto tiempo haya pasado, la extinción de dominio sigue siendo una herramienta legítima para recuperar esos bienes y devolverlos a la sociedad”, afirmó Calzado Reyes.
La Fundación Justicia y Transparencia insistió en que la Ley de Extinción de Dominio debe ser aplicada sin distinción alguna, en consecuencia, ninguna fortuna obtenida de manera ilícita ya sea a través del narcotráfico, el lavado de activos, el fraude, la corrupción pública o cualquier otra actividad ilegal, puede quedar fuera del alcance de la justicia».
Además, el vicepresidente ejecutivo de FJT advirtió que muchos bienes continúan siendo disfrutados por individuos que han acumulado fortunas a través de prácticas corruptas o criminales, y no deben quedar protegidos por la impunidad del tiempo o el olvido de la complicidad social.
La FJT recordó que la lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo una prioridad para la construcción de una República Dominicana más justa y equitativa. La Ley de Extinción de Dominio debe ser una herramienta esencial para desmantelar las redes de corrupción y el crimen organizado, asegurando que quienes han hecho fortunas a costa de la criminalidad organizada paguen por sus actos y devuelvan lo que injustamente le pertenece al pueblo.
Por último, la Fundación instó a la Procuradora General de la República a aplicar la Ley de Extinción de Dominio, de manera urgente y sin privilegios para nadie. Esta es una oportunidad clave para fortalecer el sistema judicial, darle transparencia al proceso y recuperar los recursos que han sido malversados a lo largo de los años.
