Panorama Nacional. – El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, afirmó este lunes que el presidente Luis Abinader “no tiene facultad legal ni constitucional” para ordenar al Seguro Nacional de Salud (Senasa) constituirse en actor civil en el caso de presunta corrupción que involucra a la institución.
Lorenzo sostuvo que SeNaSa forma parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, regulado por la Ley 87-01, por lo que funciona como una entidad autónoma.
“En el día de ayer, el presidente Luis Abinader dijo que pediría al SeNaSa constituirse en actor civil, y eso no es una facultad del presidente. Ni la Constitución dominicana ni las leyes le permiten entrometerse en asuntos propios de la seguridad social”, expresó.
El dirigente político llamó a los ciudadanos presuntamente perjudicados en el supuesto desfalco a constituirse en actores civiles contra los imputados, quienes habrían sustraído más de RD$75 mil millones destinados a servicios de salud para la población más vulnerable.
“Pedimos a los dominicanos afectados que se constituyan en actores civiles. El Partido de la Liberación Dominicana y sus abogados están en disposición de orientarles en ese proceso”, añadió.
Lorenzo reiteró que los afiliados que resultaron perjudicados en el fraude, así como aquellos que perdieron familiares por no haber recibido servicios oportunos, deben acudir a la justicia:
“Para quienes fueron afectados y para quienes han perdido seres queridos siendo afiliados sin recibir el servicio, les pedimos constituirse en actores civiles”.
Contexto del caso SeNaSa
El presidente Luis Abinader informó recientemente que había ordenado que SeNaSa se constituyera en actor civil con el fin de recuperar los recursos sustraídos en la presunta red de corrupción liderada, según el Ministerio Público, por el exdirector Santiago Hazim.
La Procuraduría General de la República puso en marcha la Operación Cobra, mediante la cual arrestó a Hazim y a otras siete personas acusadas de defraudar a la administradora de riesgos de salud pública por miles de millones de pesos.
En total, 25 fiscales y más de 200 agentes participaron en 12 allanamientos que también llevaron a la detención de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
