En medio de un contexto económico internacional favorable para República Dominicana, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, advirtió que el presupuesto general del Estado para 2026 plantea un esquema deficitario, en el que más de RD$400,000 millones se financiarán con nuevos préstamos, equivalentes a un 33% del total.
El legislador señaló que esta proyección resulta preocupante si se toma en cuenta que, para el año próximo, el precio del barril de petróleo se estima un 25% por debajo del calculado en el presupuesto de este año.
Fernández indicó que, tras una detallada revisión, ha identificado aspectos que generan mucha preocupación, pues aún con un clima económico internacional altamente favorable para República Dominicana, sigue observando un manejo interno deficiente.
El legislador de la Fuerza del Pueblo subrayó que, dentro de los gastos corrientes, el 38.6% se destinará al pago de nóminas públicas, adquisición de vehículos y otros gastos considerados superfluos. Además, el proyecto contempla un incremento del 5.2% en la nómina pública, equivalente a RD$18,581 millones adicionales.
El senador expresó que desde 2021 el gasto corriente ha superado de manera recurrente los ingresos fiscales, en violación a la Ley de Crédito Público. De aprobarse el presupuesto en los términos actuales, advirtió que el Gobierno alcanzaría un récord histórico, al exceder el límite permitido por ley en más de RD$65,291 millones.
A su vez, los gastos de capital, es decir, la inversión pública, que constituye uno de los principales motores de la economía, ascenderían apenas a RD$215,284 millones, lo que representa solo el 13.2% del gasto total y el 2.5% del producto interno bruto (PIB).
Asimismo, manifestó que el Presupuesto 2026 evidencia la continuidad de una política fiscal enfocada en el gasto corriente y el endeudamiento, con baja inversión pública y sin avances estructurales significativos. “Este presupuesto pone en números lo que desde hace tiempo la gente siente en la calle: que las cosas no van bien”, expresó.
Fernández propone la revisión de este presupuesto, con el objetivo de redirigir los fondos dedicados a gastos corrientes, hacia la inversión de capital, para promover el desarrollo de infraestructura generando así más empleos y reactivar la economía.
