Panorama Nacional. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica (SDRO) y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Naly Cruz, se pronunció con firmeza sobre el caso de corrupción que sacude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), al advertir que sus consecuencias trascendieron lo administrativo y golpearon directamente la vida de miles de pacientes.
Cruz sostuvo que la corrupción vinculada al manejo de los recursos de Senasa comprometió la salud de personas que esperaban medicamentos de alto costo o procedimientos vitales, provocando el agravamiento de sus condiciones e incluso la muerte en algunos casos.
“Cuando hablamos de la corrupción que costó miles de vidas humanas, no estamos hablando de estadísticas frías ni cifras abstractas. Estamos hablando de pacientes oncológicos, de personas con cáncer avanzado, con enfermedades hematológicas graves y patologías crónicas de alto costo que dependían estrictamente de tratamientos continuos para sobrevivir o, al menos, para vivir un poco más y mejor”, expresó.
La especialista subrayó que, aunque no siempre es posible establecer con exactitud cuántas vidas se perdieron, la interrupción de medicamentos esenciales acelera el deterioro clínico y precipita la muerte de pacientes con condiciones graves.
“En oncología, la ausencia de tratamiento no es neutra: mata o acorta la vida”, enfatizó.
Indicó que en el Instituto Oncológico Regional del Cibao más de 500 pacientes se vieron comprometidos, no necesariamente fallecieron, pero sí experimentaron un empeoramiento de su condición mientras esperaban la aprobación de medicamentos de alto costo.
El caso, denominado por el Ministerio Público como “Operación Cobra”, investiga la gestión de Santiago Hazim al frente del Senasa, vinculada a la desviación de más de RD$15 mil millones mediante contratos inflados, autorizaciones irregulares y la creación y captura de programas que, bajo la apariencia de innovaciones en salud pública, habrían servido como mecanismos para desviar fondos del Estado y repartir sobornos.
De acuerdo con el expediente presentado para la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público describe la existencia de un “sistema paralelo” para manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud, estimando un perjuicio superior a RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
El pasado 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.
El magistrado dispuso que Hazim cumpla la medida en la cárcel de Najayo. Asimismo, ordenó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto, el tribunal impuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.
Sobre el alcance del proceso, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que la Operación Cobra constituye “la investigación de corrupción más grave presentada por el Ministerio Público hasta este momento”.
