Panorama Nacional. – El procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción debe asumirse como un derecho humano fundamental, al advertir que este flagelo impacta de forma directa y cotidiana la calidad de vida de las personas.
Durante su intervención en un espacio académico e institucional, Camacho sostuvo que la corrupción no es un fenómeno abstracto ni distante, sino un problema estructural que genera costos sociales profundos, debilita las instituciones y limita el acceso de la ciudadanía a derechos esenciales como la salud, la educación, la seguridad y los servicios públicos de calidad.
“Cuando hablamos de corrupción no estamos hablando solo de números, expedientes o casos judiciales. Estamos hablando de hospitales sin insumos, escuelas en malas condiciones, carreteras inseguras y oportunidades que nunca llegan a quienes más las necesitan”, expresó el magistrado.
Camacho planteó una serie de interrogantes clave para evidenciar el impacto real de la corrupción en la sociedad:
“¿Cuántas vidas se pierden por falta de equipos médicos comprados con sobreprecios? ¿Cuántos jóvenes abandonan las aulas porque los recursos destinados a la educación fueron desviados? ¿Cuántas comunidades viven sin servicios básicos por obras inconclusas producto del desfalco?”, cuestionó.
El procurador adjunto señaló que estos efectos convierten la corrupción en una violación directa de los derechos humanos, ya que priva a la población del disfrute pleno de bienes y servicios que el Estado está obligado a garantizar.
En ese sentido, destacó que la lucha contra la corrupción no debe verse únicamente como una tarea del Ministerio Público o del sistema judicial, sino como un compromiso colectivo que involucra a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en general.
Camacho subrayó que el Ministerio Público ha asumido esta responsabilidad con firmeza, impulsando investigaciones complejas y procesos judiciales que buscan sancionar la corrupción administrativa sin importar jerarquías ni posiciones de poder.
“Combatir la corrupción es una forma concreta de proteger los derechos humanos. Cada caso que se investiga y se judicializa representa un paso hacia un Estado más justo, más transparente y más humano”, afirmó.
Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, como pilares esenciales para prevenir prácticas corruptas y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Finalmente, Wilson Camacho llamó a la sociedad dominicana a no normalizar la corrupción y a comprender que exigir integridad en la gestión pública es también exigir dignidad, justicia y bienestar colectivo, reafirmando que vivir libres de corrupción no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado.
