Panorama Nacional. En el 2023, parecía que la República Dominicana avanzaba en la instalación de Alerta Amber para desapariciones infantiles, un mecanismo diseñado para activar búsquedas inmediatas de niños y adolescentes, sin esperar 24 o 72 horas tras la denuncia, como ocurre actualmente, sin embargo, arribamos al 2026 sin tenerla aun en funcionamiento.
El proyecto de ley que regula esta iniciativa, conocido como Alerta Amber o Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD), fue aprobado en julio de 2025 en la Cámara de Diputados y actualmente está pendiente de conocimiento en el Senado de la República, donde ha sido objeto de observaciones técnicas por parte de la Comisión de Interior y Policía.
La pieza legislativa busca crear un marco legal claro para la prevención, localización, asistencia y resguardo de personas desaparecidas, con especial énfasis en menores, adultos mayores y otros grupos vulnerables.
Uno de los puntos clave del proyecto es la eliminación de la espera obligatoria de 24 o 72 horas para iniciar la búsqueda formal, lo que, según expertos y familiares, es vital dado que las primeras horas tras una desaparición son determinantes para la localización segura de un menor o una persona en riesgo.
La urgencia de contar con este sistema cobra fuerza ante una crisis creciente de desapariciones infantiles en el país.
La diputada Liz Mieses, proponente de la iniciativa, ha pedido al Senado acelerar la aprobación de la ley, advirtiendo que la ausencia de un mecanismo legal eficaz limita la capacidad del Estado para coordinar acciones inmediatas y exhaustivas en casos de desapariciones.
Expertos en seguridad y derechos humanos coinciden en que la Alerta Amber, ya implementada con resultados positivos en otros países, podría representar un avance significativo en la respuesta institucional, incentivando además la colaboración de la ciudadanía y los medios de comunicación para localizar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.
¿De qué se trata la Alerta Amber?
La propuesta legislativa contempla la creación de un sistema de notificaciones y protocolos coordinados entre instituciones como el 9-1-1, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otros organismos, para difundir información clave sobre desaparecidos a través de múltiples plataformas, incluyendo teléfonos, televisión, radio y redes sociales. Este modelo busca incrementar las posibilidades de rescate seguro, sobre todo en los primeros momentos después de una desaparición.
