La Dirección General de Policía Internacional (Interpol) en Venezuela ejecutó la captura de Rosa María González Rincón en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. La ciudadana es señalada por las autoridades como una operadora logística y administradora fundamental dentro de la estructura de Generación Zoe.
Esa organización orquestó un esquema piramidal transnacional que afectó a miles de inversionistas hispanohablantes de activos digitales y capitales tradicionales.
Las autoridades venezolanas notificaron del arresto de González el lunes 26 de enero. Señalaron que dieron con ella tras «intensas labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional». Afirmaron que «se desarticuló la compleja red de estafas financieras, lo cual permitió establecer el vínculo directo entre la detenida y la cúpula directiva» de Generación Zoe.
Según el reporte oficial de los organismos de seguridad venezolanos, González Rincón funcionaba como un enlace directo con la directiva de la organización. La detenida era promocionada dentro del esquema como una «trader» experta que ofrecía supuesta «seguridad cuántica» para los capitales de los participantes.
No obstante, las investigaciones indican que González poseía una supuesta «técnica secreta» para operar en los mercados y desapareció en el año 2022. Ello, coincidiendo con el colapso del sistema y las primeras denuncias masivas.
Esta no ha sido la única detención en Venezuela vinculada a la estafa de Generación Zoe. CriptoNoticias reportó que las autoridades venezolanas arrestaron, en julio de 2022, a César Gómez, señalado de formar parte del esquema criminal. Fue apresado en el estado Zulia, al occidente del país. Además, desde ese año la justicia venezolana abrió una investigación contra esta entidad, luego de una denuncia colectiva interpuesta por decenas de víctimas ante la fiscalía.
Generación Zoe, encabezada por Leonardo Cositorto, operaba mediante un esquema de jerarquías definidas diseñado para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos. Su modo de operación principal consistía en la venta de «membresías» bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y técnicas de comercio.
Fue la supuesta vinculación con el ecosistema de bitcoin (BTC) y las criptomonedas el eje central de su narrativa para atraer inversores. La organización ofrecía acceso a supuestos bots de inversión y promocionaba su propio activo digital denominado Zoe Cash. Según las promesas de la entidad, este activo digital contaba con un supuesto respaldo en oro —procedente de minas imaginarias— para proyectar una estabilidad financiera inexistente.
Las víctimas eran incentivadas a reinvertir sus ganancias o a reclutar nuevos miembros. Estos recibían bonificaciones por cada referido, una característica clásica de los sistemas piramidales.
Pese a la retórica tecnológica, los rendimientos prometidos (de entre el 7,5% y el 10% mensual en dólares) no provenían de actividades comerciales legítimas. En cambio, derivaban del flujo de fondos de los nuevos ingresantes.
Alcance del fraude y contexto legal
Datos de la investigación sugieren que el fraude alcanzó a más de 15.000 personas en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, España y México. El perjuicio económico se estima en un monto de entre 100 y 300 millones de dólares.
La captura en Venezuela ocurre en un momento de resoluciones administrativas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina emitió en febrero del año pasado la resolución RRFCO-2025-290.
En ella, absolvió a Leonardo Cositorto y a Generación Zoe de ciertos cargos relacionados con la Ley de Mercado de Capitales, como reportó CriptoNoticias. Esto, al considerar que sus conductas no configuraron un obrar contrario a las normas de oferta pública en ese ámbito específico.
Sin embargo, esta decisión administrativa no interfirió con las causas penales por estafa y asociación ilícita que costaron a Cositorto una pena de 12 años tras las rejas.
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