A pesar de que el financiamiento público en República Dominicana busca garantizar la equidad en la contienda electoral, las recientes reformas normativas (leyes 33-18 y 20-23) resultan insuficientes en la práctica. Persisten brechas de implementación que dificultan el acceso efectivo de mujeres y jóvenes a los recursos económicos, lo que limita su capacidad para competir en igualdad de condiciones frente a otros actores políticos.
Así lo evidencia el reciente diagnóstico sobre el uso del financiamiento público por los partidos políticos en el país, realizado en el marco del proyecto “Observación electoral y participación política de mujeres y jóvenes”, ejecutado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf) y Participación Ciudadana, con el apoyo de la Unión Europea.
El estudio, presentado por Stephany Encarnación, política y analista social de Cipaf, revela que los ocho principales partidos analizados, Partido País Posible (PP), Partido Opción Democrática (OD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido Patria para Todos y Todas (PPT), movilizaron en conjunto RD$2,831 millones en 2024, en los niveles presidencial, congresual y municipal.
Sin embargo, de ese monto, apenas el 19.8% correspondió a candidaturas femeninas, con RD$559.6 millones, mientras que los candidatos hombres movilizaron RD$2,271.4 millones, equivalentes al 80.2%. La mayor concentración se registró en el PRM, con el 59.1% del total declarado, seguido por el PLD, con el 24.8%. En conjunto, estas dos organizaciones representan el 84% de todo el financiamiento reportado por los candidatos de estos ocho partidos.
Al desglosar los datos, se observa que los ingresos declarados por las candidaturas presidenciales y congresuales ascienden a RD$2,635.6 millones, de los cuales solo el 20.1% corresponde a candidaturas femeninas, mientras que el 79.9% fue declarado por candidaturas masculinas. Esto contrasta con la composición de la oferta electoral, en la que las mujeres constituyen aproximadamente el 41% de las candidaturas.
El informe señala que los tres partidos mayoritarios (PRM, PLD y FP) concentran la mayor parte del financiamiento declarado y presentan brechas muy marcadas. En el PRM, las mujeres representan apenas el 17% del financiamiento declarado, con RD$240.5 millones, frente al 83% correspondiente a los hombres, con RD$1,174.2 millones.
En el PLD, las mujeres candidatas concentran el 10.2%, con RD$68.5 millones, mientras que los hombres alcanzan el 89.8%, con RD$606.4 millones. En el caso de la FP, las féminas se sitúan en el 19.6%, con RD$26.6 millones, y los hombres en el 80.4%, con RD$109.0 millones. “En estos partidos, las mujeres representan entre el 40% y el 43% de las candidaturas, pero solo entre el 10% y el 20% del financiamiento declarado. La brecha se ubica, por tanto, entre 4.1 y 9.1 puntos porcentuales, lo que evidencia una desigualdad estructural en el acceso a los recursos”, señala el documento.
En contraste, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que dejó de ser considerado mayoritario al no alcanzar el 5% en las elecciones de 2024, es la única organización grande en la que las candidatas declararon más ingresos que los candidatos: RD$151.0 millones (58.9 %) frente a RD$105.5 millones (41.1 %), respectivamente.
El estudio también analizó el uso de los fondos públicos entregados por la Junta Central Electoral (JCE) a ocho partidos políticos durante las elecciones de 2024, con énfasis en evaluar el cumplimiento de la inversión en candidaturas femeninas.
Entre los hallazgos, Encarnación citó un menor apoyo financiero y logístico a las candidaturas femeninas locales; una alta concentración del financiamiento municipal en hombres dentro de los partidos mayoritarios; una débil cultura de declaración financiera en los niveles subnacionales, y una escasa institucionalidad de mecanismos internos de acompañamiento, capacitación y financiamiento para mujeres aspirantes a cargos locales.
“Dado que el nivel municipal suele ser la puerta de entrada a la carrera política, la desigualdad financiera en esta etapa inicial tiene un efecto multiplicador sobre el ciclo de vida político de las mujeres”, explica.
La joven política subraya que, aunque existen normas de paridad y principios de igualdad, su implementación es parcial y permite prácticas que reducen su impacto real. “Las estructuras partidarias siguen siendo jerárquicas, masculinizadas y poco abiertas a la renovación generacional y al liderazgo de las mujeres”, expresó a elDinero. Asimismo, señaló que la falta de oportunidades reales de incidencia y una oferta electoral poco programática contribuyen a altos niveles de abstención juvenil. “Los jóvenes y las mujeres jóvenes continúan subrepresentados en cargos de elección popular y en espacios de decisión política, especialmente en los niveles locales y uninominales”, subrayó.
Propuestas para las reformas pendientes
La representante de Cipaf indicó que, de cara a las elecciones de 2028, seguirá siendo clave fortalecer la legislación electoral para garantizar una paridad efectiva, inclusión juvenil y sanciones frente a prácticas discriminatorias y clientelares.
Entre las propuestas formuladas por mujeres políticas consultadas para las reformas electorales figuran la paridad 50/50 con alternancia vertical y horizontal en todos los niveles electorales, así como la transición del sistema de cuotas hacia una paridad plena, eliminando prácticas de “relleno”.
También se plantea la asignación de un presupuesto específico y auditado para la promoción de la participación política de las mujeres. “El financiamiento político con enfoque de género permitiría corregir las brechas estructurales que limitan la competitividad electoral de las mujeres”, argumenta.
Asimismo, se propone reformar la Ley 33-18 para garantizar el uso exclusivo y transparente de los fondos destinados a candidaturas femeninas, así como fortalecer la fiscalización efectiva y establecer sanciones específicas por incumplimiento de la normativa de género.
Otras recomendaciones incluyen la creación de reglamentos de alternancia territorial con mecanismos de control y sanción, la articulación entre activismo social y liderazgo político para fortalecer la representación sustantiva, y la adecuación de los estatutos partidarios para asegurar una distribución equitativa de los recursos.
Además sugieren a la Junta Central Electoral la creación de un centro de información y seguimiento del financiamiento político con enfoque de género, así como una veeduría permanente y una rendición de cuentas obligatoria.
