En el corazón de nuestra Quisqueya, la Asociación Dominicana en Contra la Corrupción (Adocco) ha encendido las alarmas, levantando la voz frente a lo que considera un abuso sistemático de las excepciones en las Compras Públicas. Su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, no se anda con chiquitas al admitir que la ley, assegún se maneja en el terreno, se está prestando para un uso abusivo de modalidades como la excepción, la urgencia y la emergencia. Esta situación, puesta en evidencia por las declaraciones del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el ya sonado caso del Servicio Nacional de Salud (SNS), nos pone a pensar: ¿dónde queda la equidad y la licitación justa que debe ser la regla?
De la Rosa Tiburcio, un tigre viejo en estos menesteres, aclara de una vez por todas que la excepción no es la regla. ¡No, mi gente! La excepción, como su nombre indica, es una modalidad que se emplea solo cuando surge un elemento imprevisto que impide seguir el proceso normal y que está contemplado por la ley. Lo que hemos visto, sin embargo, es un descaro, una vaina que se repite y que convierte lo extraordinario en el pan nuestro de cada día. La regla, la que está escrita y la que debiera regir siempre, es dar participación a todos los oferentes registrados para que el Estado obtenga los mejores bienes y servicios, y solo cuando de verdad no haya quien supla un rubro vital, entonces, y solo entonces, se recurra a esa “excepción”.
El foco de la controversia está en cómo estas prácticas afectan directamente a instituciones tan sensibles como el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Ambas, que tienen el noble propósito de ir en auxilio de los que menos tienen, parecen ser víctimas de un tigueraje que, lejos de proteger, busca cómo defraudar al Estado y, por ende, a la ciudadanía. Adocco valoró el trabajo de investigación de “Panorama” y su reportaje “El otro Senasa”, el cual reveló un patrón de adjudicaciones concentradas y procesos excepcionales consecutivos que, a pesar de las impugnaciones, seguían su curso. Es un lío viejo que se viene cocinando en muchas instituciones, y el sabor amargo lo paga el pueblo.
El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, intentó desviar el debate al afirmar que el reportaje de Panorama distorsionaba la naturaleza jurídica de los procedimientos, creando una “percepción errónea”. Pero aquí, en el patio, sabemos que los hechos hablan más que mil palabras. La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, y su Manual General de Procedimientos, son clarísimos: la exclusividad, una de las figuras de excepción, debe estar bien fundamentada. ¿Se hicieron los estudios previos que demostraran una oferta restringida? ¿Se invitó a todos los proveedores con exclusividad para garantizar la competencia? ¿Dónde están esos informes técnicos y la documentación que justifiquen cada selección? ¡Esa vaina hay que aclararla, mi hermano!
El problema no es que la modalidad de exclusividad sea ilegal en sí misma, ¡para nada! La vaina está en cómo se usa, en cómo se estira la goma para justificar lo injustificable. Desde el 2020, hemos visto cómo se han comprometido más de 13,000 millones de pesos en dos renglones críticos del sistema de salud pública mediante estas adjudicaciones concentradas. ¡Un viaje de dinero! Y es que los requisitos para participar en estos procesos son tan altos, como el que pedía un inventario de tres millones de dólares en vehículos y equipos para una simple presentación de oferta, que solo una o dos empresas pueden cumplir. Es una jugada, un tranque, que deja fuera a la mayoría y le da la papa al mismo de siempre, como la referida Macrotech Farmacéutica. ¿Dónde está la competencia ahí, señores?
Este es un tema que, ¡ay, Dios mío!, nos toca la fibra como dominicanos. La falta de transparencia y la corrupción en las compras públicas no son un fenómeno nuevo en nuestro país. Desde hace años, hemos sido testigos de cómo los recursos del Estado, que son de todos los ciudadanos, se desvían o se malgastan por el tigueraje y la manipulación de procesos. Esto afecta directamente la calidad de los servicios que recibimos, desde la salud hasta la educación, porque el dinero que debiera usarse para mejorar la vida de la gente, se queda en los bolsillos de unos cuantos. La impunidad, que a veces parece estar de lo más bien, es un caldo de cultivo para que estas prácticas sigan creciendo como mala hierba.
Adocco, en su rol de fiscalizador de la sociedad civil, es una voz importante que nos recuerda que la ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas. Mientras tanto, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la entidad llamada a ser la rectora del sistema, se ve en el ojo del huracán. Su responsabilidad es garantizar que se cumplan los principios de la Ley 340-06 y de la nueva Ley Núm. 47-25, que contemplan la transparencia, la equidad, la economía y la participación. Estos no son solo palabras bonitas en un papel; son los pilares para una gestión pública eficiente y honesta. Lamentablemente, a menudo se quedan en el tintero, y los principios son dejados de lado por una institucionalidad que, según parece, prefiere mirar para otro lado.
Lo que Adocco está pidiendo a gritos es sencillo pero fundamental: que se haga licitación bajo el principio de la participación. Que se abran los procesos, que no se pongan pliegos de condiciones que solo un superman puede cumplir. Que se busque la mejor oferta para el Estado, no la que convenga a un grupito. Que la regla sea la equidad, la competencia sana, y que la excepción sea, valga la redundancia, una verdadera excepción, justificada hasta el último centavo y documentada al dedillo. Es hora de dejar el relajo y empezar a construir un sistema de compras públicas que sea chulo de verdad, que funcione para el beneficio de todos los dominicanos.
En resumen, la situación que denuncia Adocco no es un simple capricho, es un llamado urgente a la conciencia y a la acción. Es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción y por la transparencia es una tarea de todos, desde las instituciones hasta el ciudadano de a pie. Porque al final del día, lo que está en juego es la confianza en nuestras instituciones y el futuro de nuestra gente. ¡Así que a ponerle ojo a estas vainas, que esto es serio!
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