¡Klk, mi gente! Aquí en el patio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto el grito en el cielo, denunciando un “preocupante silencio institucional” que, de verdad, nos deja a todos con la boca abierta. ¿La vaina? El sometimiento del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por un presunto tigueraje en la apropiación irregular de terrenos del CEA. Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, asegura que ya han pasado más de cinco meses desde que pidieron la destitución del funcionario y más de cuatro desde que se sometió el caso, ¡y la verdad es que no se sabe ni jota de medidas concretas!
Esto es un lío que no es nuevo, y muchos dominicanos sabemos que el CEA, a lo largo de su historia, ha sido un barril sin fondo de conflictos y controversias. Creado en 1966 para administrar las propiedades azucareras del Estado tras la caída de la dictadura trujillista, se suponía que iba a ser una entidad que trabajara por el bien público. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una especie de caja de Pandora donde se cuecen un sinnúmero de “macuteos” y negociaciones oscuras con las tierras. La gente del pueblo, ¡claro que sí!, ha visto cómo estas disputas por los bienes del Estado son el pan de cada día, y cómo los procesos judiciales a menudo se quedan en el aire, sin que nadie pague por los daños.
El meollo de esta chercha es el famoso Poder Especial núm. 36-25, emitido por el mismísimo presidente Luis Abinader el 10 de marzo de 2025. Ese documento, de lo más oficial, instruía al director del CEA, Rafael Burgos Gómez, a firmar los contratos de venta, cesión y transferencia de terrenos que ya habían sido aprobados por los organismos técnicos pertinentes. Pero, ¡ay, bendito! Mercedes ha dicho que esa disposición, hasta la fecha, no se ha ejecutado. ¡Imagínate tú! Eso, según la CNDH, podría ser un desacato administrativo de los buenos y una burla al principio de legalidad, lo que pone en entredicho la función pública en nuestro país.
La situación se pone más jevi cuando se detalla el terreno en disputa. En una rueda de prensa que se armó en la sede del CEA, el abogado Moisés Sánchez Severino, quien representa a Juan Rivera Cordero, presentó un viaje de documentos. ¡Y no es para menos! Se trata de una compra de 2013 de más de 21 mil metros cuadrados, ubicada en la Parcela 21-C-2 (Parte), Distrito Catastral 32. Según Sánchez Severino, su cliente tiene todo en regla: autorización de pago, carta de posesión, plano georreferenciado, tasación oficial y hasta la aprobación del Consejo de Directores del CEA. ¡Todo chulo, aparentemente!
Pero, ¿adivina qué? La CNDH denuncia que, después de que esta operación estaba de lo más bien, unas decisiones administrativas posteriores habrían favorecido de manera irregular a un tercero. Y no a cualquiera, ¡sino a alguien vinculado al sector de los combustibles! ¡Uff, qué vaina! Esto ya no es solo un problemita de tierras, sino que podría configurarse como un abuso de poder de los grandes, un fraude contra el Estado y una violación clara al régimen de bienes públicos. Es el cuento de nunca acabar con las tierras estatales, que muchos ven como botín para intereses particulares.
La realidad es que el `silencio oficial` en casos como este es un mal que afecta la confianza de la gente en las instituciones. Si el propio presidente de la República emite una orden y esta se ignora, ¿qué podemos esperar los simples mortales? Este tipo de acciones o, mejor dicho, la inacción, alimenta la percepción de impunidad y hace que la gente pierda la fe en la justicia. Es crucial que el Ministerio Público y la PEPCA actúen con la diligencia que el caso amerita, demostrando que aquí la ley es para todos, sin importar quién sea el involucrado o qué sector represente.
En nuestro país, donde la transparencia es un clamor constante de la sociedad, que casos de esta magnitud se queden en el limbo es una patada al hígado. El CEA, que históricamente ha estado en el ojo del huracán por la venta y manejo de sus tierras, necesita un saneamiento profundo y constante. No se trata solo de este caso en particular, sino de sentar un precedente para que el `tigueraje` con los bienes del Estado se acabe de una vez por todas. La ciudadanía está harta de ver cómo se desvían los recursos y propiedades que son de todos los dominicanos.
Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho un llamado enérgico al Ministerio Público, a la PEPCA y al Poder Ejecutivo. El mensaje es claro y fuerte: ¡Que se ejecute la orden presidencial de una vez! Es el momento de demostrar que en República Dominicana la justicia no es una chercha y que los derechos de los ciudadanos y la integridad de los bienes públicos se respetan. Esperamos que este `coro del silencio` termine pronto y que la verdad y la justicia salgan a flote, por el bien de todos y para que la gente sienta que, de verdad, aquí las cosas se hacen como Dios manda.
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