¡Ay mi madre, pero qué vaina es esta que se ha destapado en nuestro país! La Junta Central Electoral (JCE), que no está durmiendo en los laureles, le ha metido mano de una vez a un caso de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen preguntar hasta dónde llega el descaro de la gente. Resulta que una mujer, Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, ha sido arrestada por un alegado fraude con las pensiones, haciéndose pasar por la viuda de un oficial de la Policía Nacional que falleció en 2019. Esto no es un simple disparate, mi gente; estamos hablando de una estafa que le quitaba recursos al Estado y, en esencia, a todos nosotros los contribuyentes.
Desde el 25 de abril de 2020, esta señora, con un tigueraje de altura, estaba cobrando RD$13,814.55 mensuales del Plan de Retiro de la Policía, más los beneficios adicionales como la regalía pascual. ¡Se la estaba comiendo doblada! La JCE, junto a la Fiscalía, no se quedó con los brazos cruzados y comenzó una investigación seria después de que los familiares del oficial fallecido, que sí eran los verdaderos afectados, se dieran cuenta del relajo. Imagínense el lío: la mujer se apareció de la nada, con documentos supuestamente falsos, reclamando una pensión que no le correspondía. ¡Pero qué desfachatez!
El trabajo de la fiscal adscrita a la JCE, Esther María González Peguero, y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este, ha sido jevi, de verdad. Gracias a sus pesquisas, se pudo certificar que en el sistema automatizado del Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio entre la imputada y el oficial. ¡Pero ni por el forro! Y para colmo de males, se descubrió que Dilennys Mercedes Mercedes Rossó se casó civilmente el 10 de abril de 2025 con otra persona. Aquí hay un dato curioso y que levanta sospechas: ¿cómo es posible que el matrimonio civil sea en 2025 si la investigación está en curso ahora? Esto podría ser un error de fecha en la noticia original o un detalle que muestra aún más la maraña de falsedades tejida por la imputada, tal vez intentando legitimar una nueva relación mientras aún cobraba de la anterior, o simplemente una inconsistencia para despistar a las autoridades.
Este caso nos pone a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en nuestros registros civiles y los mecanismos de control del Estado. La JCE no solo organiza elecciones; también es la guardiana de nuestra identidad, y cuando alguien intenta jugar con eso, el país entero se ve afectado. Esta institución, con el apoyo del Ministerio Público, le ha puesto el cascabel al gato a esta “pecosa” que pensó que se iba a salir con la suya. El esfuerzo por mantener la integridad de los documentos de identidad y los registros de las personas es vital para la estabilidad social y la confianza en nuestras instituciones. ¡Imagínense si todo el mundo se pusiera en esa con los papeles! Sería un verdadero desorden.
El tema del fraude en el sistema de pensiones no es nuevo en nuestro país. Desgraciadamente, la pillería dominicana a veces se enfoca en buscar atajos ilícitos en vez de trabajar con dedicación. La gente se pone “viva” y quiere coger un viaje de dinero fácil, sin importarles el daño que causan. Casos como el de Dilennys Mercedes Mercedes Rossó revelan las grietas en el sistema que algunas personas, con un tigueraje mal intencionado, intentan explotar. Estas pensiones están destinadas a familias que han perdido a un ser querido que sirvió a la patria, como los miembros de la Policía Nacional. Robar esos fondos es, de verdad, una patada voladora al legado de esos héroes y al bienestar de sus verdaderos deudos.
Lo más chulo de esta historia (dentro de lo malo, claro está) es que las autoridades le dieron seguimiento a la vaina de forma metódica. La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado certificó el cobro irregular. La Dirección Nacional de Registro Civil confirmó la inexistencia del matrimonio. Y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hasta certificó que la señora es propietaria de un vehículo Nissan Versa SV 2016, valorado en más de 369 mil pesos. ¡Un vehículo que bien pudo haber sido adquirido con el dinero de las pensiones que no le correspondían! Esto no es cualquier chercha, mi gente; son hechos contundentes que demuestran la magnitud del engaño. Cuando se hacen las cosas bien, como en este caso, se nota.
Las implicaciones legales para Dilennys Mercedes Mercedes Rossó son serias. No estamos hablando de un simple “regaño”. Podría enfrentar cargos por falsificación de documentos públicos, estafa y fraude al Estado, delitos que conllevan penas de prisión significativas según nuestro Código Penal. Este tipo de acciones socava la confianza pública en los sistemas de seguridad social y requiere una respuesta contundente por parte de la justicia dominicana. El mensaje debe ser claro: el que se meta en estos líos, va a terminar metido en un problema de verdad.
Es fundamental que como sociedad estemos vigilantes y denunciemos este tipo de irregularidades. La colaboración ciudadana es clave para ayudar a nuestras autoridades a desenmascarar a los “pecosos” y “vivos” que quieren aprovecharse del sistema. Este caso de la falsa viuda es un claro ejemplo de que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, llega. Y cuando llega, llega con todo y su guagua de pruebas, para que no queden dudas del mal que se hizo. La honestidad y la transparencia son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación, y en República Dominicana, aunque a veces nos quejemos, hay gente trabajando fuerte para mantener el orden y la legalidad.
Así que, la próxima vez que escuchemos de un caso de fraude, recordemos que no es solo una noticia más. Es una afrenta a la moral pública y un robo a los recursos que legítimamente le pertenecen a otros. La JCE y el Ministerio Público han dado un golpe fuerte con esta captura, dejando claro que el tigueraje de mal gusto, al final, siempre se paga. Esperemos que este caso sirva de ejemplo para otros que andan con la idea de “hacerse los vivos” a costa del Estado y de la gente honrada. ¡Aquí no hay “vaina” que valga cuando se trata de la ley!
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