En un golpe certero contra la delincuencia digital que cada día azota más a nuestros jóvenes, la Policía Nacional ha dado con un supuesto acosador en la provincia de La Vega. Se trata de Carlos Eduardo Gil Jiménez, quien ahora se encuentra bajo arresto por, alegadamente, enviarle material sexual y acosar digitalmente a una preadolescente de apenas 13 años. Esta situación tan delicada nos pone a pensar en el riesgo latente que enfrentan nuestros niños y adolescentes en el mundo cibernético. La Acoso a Menor, especialmente cuando se disfraza detrás de perfiles falsos y promesas vacías, es una plaga que hay que combatir con todas las herramientas disponibles, y esta vez, nuestras autoridades actuaron de lo más bien, como debe ser.
El operativo para apresar a Gil Jiménez no fue una cosa de la noche a la mañana, ¿oyó? Fue el resultado de un trabajo de inteligencia bien jevi, coordinado entre el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas y el Ministerio Público. La orden de arresto, con el número RAJ-2026-00758, se emitió por el Despacho Judicial Penal de Santo Domingo. Esto nos demuestra que cuando las autoridades se ponen las pilas y combinan esfuerzos, el tigueraje de los delincuentes no tiene chance. Es un respiro saber que hay gente que se dedica a proteger a nuestros menores de estos depredadores que se esconden detrás de una pantalla, creyendo que no los van a agarrar.
La denuncia que desató toda esta investigación la puso la madre de la menor el 13 de enero de 2026, una valiente decisión que hay que aplaudir de pie. A partir de ahí, los investigadores empezaron a desentramar la maraña de comunicaciones inapropiadas que venían por Instagram y, peor aún, por WhatsApp. Resulta que el tal Gil Jiménez usaba un perfil falso en Instagram para iniciar el contacto y, de una vez, escaló a WhatsApp, donde le enviaba a la niña material audiovisual de carácter sexual, incluso después de que él supiera su edad. ¡Qué descaro! Esto es una señal de alerta para todos los padres: hay que estar con los ojos bien abiertos y hablar mucho con nuestros hijos sobre los peligros de interactuar con desconocidos en las redes.
El arresto del imputado se llevó a cabo en una estación de combustible en La Vega, un lugar donde, asegún las investigaciones, había acordado encontrarse con la menor. Esto evidencia la peligrosidad de estos individuos que no solo se quedan en el ámbito digital, sino que buscan llevar sus intenciones a la realidad. Por eso es vital que los padres y tutores seamos los primeros guardianes de la seguridad de nuestros hijos. No podemos dejar que los chiquitos anden solos en ese mar de información y personas que es el internet. Hay que estar pilas, mi gente, porque un viaje de malhechores andan por ahí buscando cómo hacerle daño a los más vulnerables.
Las leyes dominicanas son claras en estos casos. Contra Carlos Eduardo Gil Jiménez pesan cargos por presunta violación a los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y el artículo 355 del Código Penal Dominicano. Estas normativas buscan proteger a nuestros menores de situaciones como el acoso, la explotación y la seducción. No estamos hablando de una chercha cualquiera, estamos hablando de delitos graves que tienen consecuencias serias y deben ser castigados con todo el peso de la ley. Es importante que la sociedad dominicana entienda la gravedad de estos hechos y que la justicia actúe con firmeza.
Este caso nos recuerda la importancia de educar a nuestros hijos sobre el uso seguro de las redes sociales. Hay que enseñarles a no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, a no compartir información personal y, sobre todo, a reportar cualquier comunicación sospechosa o inapropiada de una vez. Los padres debemos ser como un muro de contención, creando un ambiente de confianza donde los niños se sientan cómodos para contarnos lo que les pasa, sin miedo a ser regañados. La comunicación abierta es nuestra mejor herramienta para prevenir estas situaciones tan feas.
Las evidencias digitales que recolectaron los investigadores son sólidas y apuntan a la responsabilidad penal del detenido, lo cual es fundamental para que el Ministerio Público pueda llevar este caso con éxito. Esto demuestra el avance en la capacidad de nuestras autoridades para investigar crímenes cibernéticos, un área que antes era más compleja de abordar. Que se sepa bien claro: en República Dominicana, el que intenta abusar de un menor a través de las redes, no se va a ir de rositas. El sistema de justicia tiene que ser implacable para enviar un mensaje contundente a todo aquel que piense que puede hacer daño y salirse con la suya.
Este suceso, aunque lamentable por la víctima, es un ejemplo de cómo la denuncia y la acción coordinada de las autoridades pueden lograr resultados positivos. Es un llamado a la sociedad dominicana a no callar, a denunciar cualquier acto sospechoso y a proteger a los más pequeños de la casa. La seguridad de nuestros niños y adolescentes en el espacio digital es una responsabilidad compartida: de los padres, de las escuelas, del gobierno y de la sociedad en general. ¡Que se prenda la luz de la conciencia, mi gente!
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