¡Atención, mi gente! Aquí estamos, como siempre, metiéndole el ojo a las cosas que de verdad importan en nuestro país. Y hoy, la verdad es que tenemos que hablar de una vaina seria: la protección de nuestros chamacos. Un reciente diagnóstico ha puesto a la Ley de Niñez Dominicana (la famosa Ley 136-03, que ya tiene sus buenos 23 años) bajo la lupa, revelando fallas que, según los expertos, no solo dejan a nuestros niños y adolescentes vulnerables, sino que también corren el riesgo de revictimizarlos. ¡Qué relajo con eso!
Imagínense ustedes la situación: una ley que, aunque en su momento fue un avance chulo, hoy presenta un viaje de grietas en el sistema de protección. Los hallazgos, presentados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en un taller para periodistas, son claros como el agua: hay una fragmentación interinstitucional que no ayuda en nada, falta de protocolos comunes para denunciar y dar respuesta, y unas brechas territoriales que hacen que la protección de un muchacho dependa de dónde le toque nacer o vivir. ¡Así no se puede, mi hermano!
Esta Ley 136-03, que entró en vigencia en 2003, marcó un hito importante, sustituyendo el antiguo Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94) y, antes de eso, el obsoleto Código del Menor (Ley 986). El cambio fue fundamental: pasamos de un enfoque tutelar, que veía al niño como objeto de protección, a un modelo de protección integral, reconociéndolos como sujetos de derechos. Esa fue la intención, una movida jevi para la época, inspirada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que República Dominicana ratificó en 1991. Pero, como en todo, del dicho al hecho hay un trecho, y ahora estamos viendo que esa intención no se ha materializado del todo en la práctica, ¡y eso sí que es un problema!
La fragmentación interinstitucional es como una chercha sin plan, donde cada quien jala para su lado. Cuando un niño o adolescente sufre una vulneración de sus derechos, la respuesta del Estado debería ser coordinada, rápida y efectiva. Pero asegún el diagnóstico, no es así. Tenemos a Conani, al Ministerio Público, a la Policía, a los hospitales, a los tribunales… un coro de instituciones que, a veces, no se hablan entre sí o no tienen los mismos manuales de procedimiento. Esta falta de una hoja de ruta unificada es un peligro, ya que los menores afectados terminan teniendo que contar su historia una y otra vez ante diferentes instancias, ¡lo que les genera una revictimización que no hay derecho! Eso es como echarle sal a la herida, y la verdad es que eso no es de Dios.
Y no solo eso, ¡la vaina se pone más complicada! También se detectó una necesidad urgente de especialización en los operadores del sistema. No es lo mismo atender un caso de un adulto que el de un niño o adolescente. Se necesita una formación continua obligatoria para esta gente, porque ¿cómo es posible que alguien que trabaja con niños no entienda la percepción del tiempo en las diferentes etapas del desarrollo infantil? Un proceso judicial que para un adulto puede parecer “normal”, para un muchacho puede ser una eternidad, generándole más angustia y trauma. ¡Hay que estar claros con eso!
Las brechas territoriales son otra parte de este dilema que nos tiene con los pelos de punta. No es justo que la calidad de la respuesta institucional dependa de si un niño vive en la capital, en una provincia fronteriza o en un campo lejano. Eso es una inequidad que no podemos permitir. Todos los niños y adolescentes de este país, sin importar dónde estén, merecen tener el mismo acceso a servicios de protección de calidad. No puede ser que un menor en Elías Piña tenga menos oportunidades de ser protegido que uno en Santo Domingo. ¡Eso es un abuso, coño!
Pero no todo es desalentador, gracias a Dios. Lo bacano de todo esto es que se está trabajando de una vez para remediar la situación. Durante el proceso de revisión de la ley, han incorporado mecanismos para que los propios niños, niñas y adolescentes participen y den sus puntos de vista. ¡Eso sí que es jevi! Que los protagonistas de la historia sean escuchados es fundamental para que la nueva ley, que se espera sea sometida en mayo, realmente los represente. Ya una representación de adolescentes presentó sus propuestas y eso es un paso gigante. No es un simple “figureo”, es darles voz y voto en algo tan crucial para sus vidas.
Los objetivos de esta revisión son ambiciosos, pero necesarios: actualizar conceptos de la normativa (porque la sociedad avanza y las problemáticas de hoy no son las mismas de hace 23 años), fortalecer la rectoría del sistema de protección para que haya una cabeza que coordine el coro, mejorar la coordinación entre instituciones, y reforzar los mecanismos de prevención. La idea es optimizar la respuesta del Estado ante cualquier vaina que vulnere los derechos de los niños. Es un trabajo arduo, pero que tiene que salir de lo más bien.
Esperemos que este proceso de diagnóstico y formulación dé sus frutos y que, cuando el anteproyecto de la nueva Ley de Niñez y Adolescencia llegue al Congreso en mayo, nuestros legisladores le pongan el pecho y trabajen con la diligencia y el compromiso que esta causa requiere. ¡Nuestros muchachos se lo merecen! Es hora de garantizarles un futuro donde estén seguros, protegidos y donde sus derechos sean una realidad, no solo letras en un papel. ¡Así debe ser, punto!
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