Ricardo Nieves, una voz que siempre truena en el dial dominicano, ha vuelto a prender la alarma, esta vez señalando a nada más y nada menos que 326 funcionarios públicos que le están dando larga a la vaina de su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). Este incumplimiento, que incluye a 22 jueces y 108 procuradores, es un ‘desacato’ que pone a pensar a cualquiera sobre el compromiso real con la transparencia en nuestro país. El periodista no se ha quedado callado, lanzando sus críticas de manera contundente y poniendo el dedo en la llaga de un tema tan delicado que involucra a la élite del poder público.
Nieves lamentó con razón que esta situación, donde los mismos llamados a hacer cumplir la ley son los primeros en ignorarla, pinta un cuadro de debilitamiento institucional que nos tiene con los pelos de punta. ¿Cómo es posible que los guardianes de la justicia parezcan evadir sus propias responsabilidades? Su pregunta, ‘¿Qué temen? ¿Qué esconden? ¿A qué diablos le corren?’, resuena en la mente de cada dominicano que busca un país más serio y transparente. Es una ‘chercha’ que se repite, y de verdad que da dolor ver cómo se manejan estas cosas en lo que él llamó ‘una comarca de trancar chivos y marranos’, refiriéndose a un lugar donde las normas parecen no aplicar para todos.
La cosa no se queda ahí, porque además de los activos, el ‘tigueraje’ de los incumplidores incluye a 72 diputados y cinco senadores que ya salieron del Congreso y aún no han presentado su declaración final. La Ley 311-14 es bien clara al respecto: hay que declarar al entrar y al salir del cargo, ¡de una vez! Este mecanismo, fundamental para la lucha contra la corrupción, busca asegurar que el enriquecimiento de los funcionarios sea lícito y justificable. Ignorar esta disposición es como querer jugar al pito sin silbato, y eso, aquí no está de lo más bien, minando la confianza pública en quienes deberían ser ejemplo.
La declaración jurada de patrimonio no es un simple papeleo; es un pilar de la transparencia y la rendición de cuentas, concebida para fortalecer la probidad administrativa. Permite a la Cámara de Cuentas fiscalizar el patrimonio, prevenir conflictos de interés y detectar posibles enriquecimientos ilícitos, asegurando que los bienes de los servidores públicos estén acordes con sus ingresos. Lo chulo es que la ley contempla sanciones, desde multas hasta prisión, para quienes falseen los datos. Sin embargo, cuando vemos a tantos incumpliendo sin mayores repercusiones, uno se pregunta si estas penalidades son suficientes o si el sistema necesita apretar más la tuerca para garantizar el respeto por la cosa pública y evitar que la impunidad se haga dueña del patio.
Este ‘desacato’ no es solo un problema burocrático; es un síntoma de un mal mayor que afecta la confianza ciudadana en el Gobierno y el sistema judicial. Si los funcionarios no cumplen con una medida tan elemental de transparencia, ¿qué esperanza le queda al pueblo de que se aplique la justicia en casos más complejos? La persistencia de estos incumplimientos subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y de exigir consecuencias reales para aquellos que se creen por encima de la ley. Solo así podremos construir una institucionalidad bacana, donde la probidad sea la norma y no la excepción y donde los que administran los recursos del pueblo realmente rindan cuentas.
Es hora de que las autoridades competentes pongan los puntos sobre las íes. La Cámara de Cuentas, junto con el Ministerio Público, tienen el deber ineludible de actuar con mano firme y asegurar que cada funcionario, sin importar su rango, cumpla con lo establecido. No es un favor, es una obligación sagrada con la nación. Este episodio es una muestra más de que, para avanzar como país, necesitamos un cambio de mentalidad y un compromiso genuino con la transparencia, dejando atrás el ‘relajo’ y la impunidad que tanto daño nos han hecho. Así es que se construye un mejor país, ¡klk!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
