El Gobierno dominicano está alante con una propuesta de presupuesto general de la nación para el 2027 que, sin dar mucha chercha, busca modificar al menos 24 leyes. ¿La razón? Reajustar la asignación presupuestaria que, por ley, le toca a un viaje de sectores e instituciones del Estado. Esta movida, señores, es de las que prenden la calle, y es que el impacto económico de estos recortes podría ser, como decimos aquí, una vaina seria para el futuro de muchas entidades cruciales.
Asegún el proyecto, si se mantuvieran las partidas que cada ley establece, el Estado tendría que destinar la friolera de RD$1 billón 56,176.7 millones. Eso es un 57.4% de los gastos totales proyectados para el próximo año, que ascienden a RD$1 billón 837,856 millones. Pero con los recortes que se proponen a través de estas modificaciones legislativas, la asignación bajaría a RD$619,740.7 millones, quedando en un 33.7% del gasto total. Esto representa un cambio drástico, con un impacto de **Recortes Significativos** para el erario público.
Los sectores que se ven tocados por esta medida son de peso. Desde los poderes Legislativo y Judicial, que son la base de la institucionalidad, hasta los ayuntamientos, que son el motor del desarrollo local. También sentirán el apretón los partidos políticos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República, entre otros. Es un abanico amplio de instituciones que, de una vez, se verían con menos recursos de los que legalmente les corresponden.
Un ejemplo que deja a uno pensando es el de la UASD. La Ley 139-01, en su Artículo 91, dice claro que a nuestra academia primada le toca el 5% del presupuesto de ingresos, lo que para el próximo año se traduciría en más de RD$69,000 millones. Sin embargo, el presupuesto propone modificar esa partida para dejarla en RD$15,448 millones. Imagínese usted el golpe que esto significa para una institución que es cuna de profesionales y pilar de la educación superior en el país.
El Poder Judicial tampoco se libra de este apriete. La Ley 194-04 establece que le corresponde el 65% del 4.10% de los ingresos internos, un monto que llegaría a RD$37,295 millones. Pero con los cambios propuestos, su asignación quedaría en RD$16,521 millones. Asimismo, el Poder Legislativo, que según la misma Ley 194-04 debería recibir más de RD$43,000 millones, se le asignaría apenas RD$8,910 millones. Esos son unos recortes que dejarían a más de uno con la boca abierta en la curia y el congreso.
Pero si hay un caso que podría armar un runrún grande en el patio, es el de los ayuntamientos. La ley municipal es clara: deben recibir el 10% de los ingresos del Estado. Eso, para el 2027, serían alrededor de RD$139,000 millones. Con el recorte que se plantea, recibirían menos de un 3% de esos ingresos, lo que los dejaría con unos RD$35,000 millones. Este tijerazo a los municipios podría impactar directamente los servicios a la comunidad, desde la recogida de basura hasta el mantenimiento de las calles, la vaina básica que la gente ve día a día.
La propuesta del Presupuesto 2027, con sus modificaciones legales, promete ser un tema candente y una fuente de mucho debate en los próximos meses. Sin duda, estas reducciones buscan garantizar una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos estatales, pero también plantean un desafío importante para las instituciones afectadas, quienes tendrán que hacer magia para operar con menos. Es un pulso grande que se espera entre el Gobierno y estos sectores, y veremos cómo se desenvuelve este tigueraje.
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