A finales de abril, más de un centenar de personas se reunieron cerca del Capitolio de Texas para protestar.
Las protestas pacíficas en Estados Unidos no son infrecuentes, pero lo que hizo única a ésta fue que sus participantes se reunieron para defender el derecho a poseer y utilizar criptomonedas.
La ubicación también es desconcertante, pues el Estado de la Estrella Solitaria se ha estado presentando como un centro potencial para la industria cripto en Estados Unidos, con diferentes leyes estatales y federales que crean un panorama normativo desigual.
‘Digital Freedom rally’ to oppose Senate Bill 1751 in Texas State Capitol #Bitcoin $BTC pic.twitter.com/lwAzAbSnY0
— Cointelegraph (@Cointelegraph) April 25, 2023
Y así, los entusiastas de las criptomonedas se reunieron en Austin para protestar contra el proyecto de ley 1751 del Senado, que despojará a los operadores de minería de criptomonedas de algunos incentivos fiscales existentes. El proyecto de ley ya ha sido aprobado en el Senado Estatal y ha pasado a la Cámara de Representantes de Texas.
Texas no encaja en la narrativa binaria de arrastrarse hacia un modo “cripto-hostil”. Mientras que sus legisladores quieren despojar a los mineros de criptomonedas de los incentivos fiscales, casi simultáneamente votan a favor de que el derecho de las personas a poseer criptomonedas se incluya en la Declaración de Derechos del estado.
¿Cómo se han producido estos movimientos legislativos tan peculiares y qué significan para el sector?
El camino del pionero hacia la regulación
Hace casi 10 años, Texas se convirtió en el primer estado en abordar la regulación de Bitcoin (BTC) cuando el Comisionado de Banca de Texas emitió un memorando proclamando que la criptomoneda original “se ve mejor como una inversión especulativa”, no como dinero.
Fue una buena noticia para los pioneros, ya que se libraron del interés de los reguladores. A partir de entonces, Texas empezó a atraer a empresas cripto locales y mundiales.
En 2021, el Departamento de Banca de Texas declaró que los bancos locales están autorizados a almacenar criptomonedas en nombre de sus clientes. Un mes más tarde, la legislatura estatal modificó el Código Comercial Uniforme local para reconocer las criptomonedas en el derecho mercantil. Otro proyecto de ley estableció un grupo de trabajo sobre blockchain en el estado.
Sin embargo, cuando Texas entró en la lista de Cointelegraph de los cinco mejores estados para las criptomonedas, se debió más a sus condiciones únicas para la minería de activos digitales que a sus esfuerzos regulatorios.
Los precios de la energía para los clientes industriales eran de los más bajos del país -o, en opinión del entonces CEO de la empresa minera Layer1 Technologies, Alex Liegl- del mundo.
Tras las medidas represivas de China contra la minería de criptomonedas en 2021, el estado estadounidense gozaba del interés de las grandes mineras de todo el mundo. El gobernador Greg Abbot expresó su entusiasmo por que Texas se convirtiera en el próximo “líder de las criptomonedas”, con comunidades locales que acogieran nuevas empresas, reabrieran espacios industriales y contrataran a personas en ciudades pequeñas.
La tendencia continuó en 2022, con gigantes mineros como Riot Blockchain trasladando sus equipos a Texas. Ni siquiera las olas de calor que batieron récords en verano y las mortales tormentas invernales desanimaron a los operadores mineros, que aceptaron algunos periodos de paradas imprevistas.
La oficina del Contralor de Texas incluso intentó aclarar que las instalaciones de minería de criptodivisas “no suponen grandes demandas eléctricas para la red“. Las mismas palabras han sido repetidas por el senador Ted Cruz, que expresó su esperanza de convertir a Texas un “oasis para Bitcoin”.
Temporada movida para las iniciativas legislativas
Sin embargo, a pesar de los amistosos acercamientos a la industria de las criptomonedas, las autoridades tejanas nunca han rehuido las medidas coercitivas.
El principal regulador financiero del Estado, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB), tiene un largo historial de interacción con el mercado.
Acusó a Bitconnect de comercio ilegal de valores, junto con otras 31 empresas que le seguirían, y expulsó del estado a Arise Bank -una autodenominada “primera plataforma bancaria descentralizada”- por utilizar la palabra “banco”.
En 2022, la TSSB participó activamente en la aplicación de medidas contra la bolsa de criptomonedas colapsada FTX, presentando cargos contra el cofundador Sam Bankman-Fried, examinando a los “finfluencers” que publicitaban la plataforma y oponiéndose a la posible venta de Voyager Digital a FTX incluso antes de la quiebra del exchange de criptoderivados..
Texas también tuvo su parte justa de controversia en los intentos de regular las criptomonedas. En 2019, los legisladores locales presentaron un proyecto de ley que obligaba a los usuarios a identificarse cuando utilizaran monedas digitales. Sin embargo, el proyecto de ley nunca pasó de la primera lectura.
Pero hasta 2023 no surgió entre los legisladores tejanos un apetito real, incluso anómalo, por la regulación.
El proyecto de ley 1666 de la Cámara de Representantes, presentado en enero por un grupo de legisladores encabezados por el representante, Giovanni Capriglione, proponía modificar el artículo 160 del Código Financiero de Texas, restringiendo a los grandes proveedores de activos digitales -con más de 500 clientes y al menos USD 10 millones en fondos- la posibilidad de mezclar los fondos de los clientes con cualquier otro tipo de capital operativo. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado en tres meses y medio y enviado a la oficina del Gobernador en mayo.
A principios de marzo, el representante Cody Harris presentó una resolución instando a sus colegas legisladores a “expresar su apoyo a la protección de las personas que codifican o desarrollan en la red Bitcoin”.
Aunque la resolución no tiene efectos concretos ni poder legal, da una idea del sentir de ciertos legisladores.
Los legisladores de Texas también presentaron un proyecto de ley para crear una moneda digital estatal respaldada por oro, con la idea de que una vez que una persona compre una determinada cantidad de la moneda digital, el interventor utilice el dinero recibido para comprar una cantidad equivalente de oro.
El proyecto de ley de minería
El proyecto de ley 1751 del Senado inició su andadura legislativa a principios de marzo. De forma descendente, fue aprobada por el Senado y ahora será examinada por la Comisión de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes antes de pasar a la primera votación en la cámara baja.
Dramáticamente presentada por algunos en la comunidad cripto como un “proyecto de ley anti-Bitcoin” o un “martillo” en manos de los legisladores, la iniciativa, de hecho, sólo revoca algunos incentivos artificiales, que las empresas mineras han estado disfrutando junto con algunos de los precios más bajos de la energía en el país.
Según el proyecto de ley, a partir de septiembre de 2023, la cuota de las instalaciones de criptominería en la demanda total de energía deberá limitarse al 10%. Sin embargo, solo se aplicará en el marco de un programa estatal que compense las reducciones de carga en situaciones extremas, como olas de calor o tormentas invernales.
En la práctica, esto significa que las mineras, que actualmente venden energía a la red a un precio superior cuando la necesitan, no podrán hacerlo ante la creciente demanda energética de la industria.
Además, algunas empresas mineras dejarían de recibir una reducción de los impuestos estatales por participar en este programa. Una de las promotoras del proyecto de ley, la senadora Lois Kolkhorst, fue bastante clara sobre los motivos de la iniciativa:
“Estamos intentando producir toda esta nueva energía. Vamos a tener una gran parte de esta nueva energía ocupada por la minería de moneda virtual. Y luego vamos a pagarles para que se desconecten de la red en diferentes momentos, lo que creo que forma parte de su modelo de negocio”.
¿Y ahora qué?
El cofundador del proyecto Ecosapiens, Nihar Neelakanti, no está tan seguro de que el proyecto de ley de minería “aparentemente anti-Bitcoin” sea “tan perjudicial” para la mayoría de los mineros en el estado “dado que probablemente estarían por debajo del umbral de energía establecido en el proyecto de ley”, dijo a Cointelegraph.
Sin embargo, la observación de Neelakanti podría quedar desfasada relativamente pronto. Según una fuente anónima del Electric Reliability Council de Texas citada en un artículo de The Verge, la minería de criptomonedas añadirá 27 gigavatios de demanda a la red en 2026.
Actualmente, la red eléctrica tejana puede suministrar 92 gigavatios como máximo. Si no aumenta sus capacidades en los próximos tres años, la minería de criptomonedas podría llevarse la mayor parte de la generación eléctrica tejana, en cuyo caso el tope del 10% excluiría a los mineros del programa de incentivos.
En declaraciones a Cointelegraph, Fred Thiel, consejero delegado de la empresa de minería de criptomonedas Marathon Digital Holdings, dijo que los propietarios de las centrales de gas respaldaban firmemente el proyecto de ley 1751 del Senado. Necesitan electricidad durante los picos de demanda y consideran que los mineros de Bitcoin que venden la energía a la red son competencia. Sin embargo, es bastante optimista sobre la posibilidad de que el proyecto no se convierta en ley:
“Habría sido perjudicial para nuestro sector, pero parece claro que es probable que este proyecto de ley no se apruebe en la cámara estatal”.
Thiel también destacó que la presión a nivel federal dificulta que los estados adopten políticas favorables a Bitcoin.
Zachary Townsend, consejero delegado del proveedor de seguros Bitcoin-friendly Meanwhile, parecía estar de acuerdo, y declaró a Cointelegraph que las autoridades federales están adoptando un enfoque de línea dura hacia la industria a nivel regional. Sin embargo, destacó que todavía hay avances a nivel estatal:
“Están Wyoming y Tennessee, así como estados de tendencia azul como Colorado. Podría ser algo similar a cómo se ha desarrollado el debate sobre la marihuana a nivel estatal: básicamente, los estados han elaborado sus propias normas y reglamentos que, en ocasiones, eran contradictorios con las normas y reglamentos federales”.
A medio camino, el proceso recíproco de presión federal y autonomía local podría hacer converger ambos polos en algún tipo de término medio. Hasta entonces, es probable que las disputas se intensifiquen a nivel estatal. Y Texas, en opinión de Townsend, parece ser la zona cero de este debate.
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