El Ministerio de Hacienda y Función Pública de España aprobó nuevas obligaciones informativas para las criptomonedas con el fin de reforzar el control sobre las personas y entidades de España que hacen uso de este tipo de activos, según un decreto real disponible en el portal del ministerio.
Las modificaciones implementadas en el Real Decreto son una respuesta a la Ley 11/2021 del 09 de Julio, que busca mejorar el control tributario de las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluyendo la obligación de informar sobre los activos ubicados en el extranjero.
Las primeras declaraciones de información sobre las criptomonedas deberán presentarse a partir del 1 de enero de 2024, según dispone el Real Decreto.
El documento abarca el alcance en tres frentes: Información sobre saldos en monedas virtuales, información sobre operaciones con criptomonedas e información sobre monedas virtuales situadas en el extranjero.
Según el texto, las personas y entidades residentes en España, así como los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, deben presentar declaración informativa anual.
Esta declaración debe hacer referencia a las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en los que términos que establezca la orden ministerial correspondiente.
Además, el decreto exige que las personas o entidades residentes en territorio español que ofrezcan servicios de intercambio entre criptomonedas y moneda fiduciaria, o entre distintos pares cripto-cripto, deben presentar una declaración informativa anual, incluyendo aquellos que actúen como intermediarios o proveedores de servicios de custodia en nombre de terceros.
Por último, el documento legal también hace mención a la obligación informativa anual sobre las criptomonedas ubicadas en el extranjero para el conjunto de sujetos mencionados en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, a presentar una declaración informativa anual sobre todas las criptomonedas ubicadas en el extranejero de las cuales sean titulares, beneficiarios o tengan algún poder de disposición.
En este caso, el decreto real indica que la declaración debe realizarse el 31 de diciembre de cada año, y se extiende su alcance sobre las criptomonedas custodiadas por terceros que brinden servicios de custodia de claves criptográficas privadas.
Esta obligación también se aplica a aquellos que hayan sido titulares, beneficiarios o autorizados de dichas criptomonedas, o hayan tenido poderes de disposición sobre ellas, o hayan sido titulares reales en algún momento del año al que se refiere la declaración y hayan perdido dicha condición al 31 de diciembre de ese año. En tales casos, la información proporcionada se basará en la fecha en que se produjo la extinción de dicha condición.
Las nuevas disposiciones tienen el objetivo de establecer un marco regulatorio sólido para la gestión de criptomonedas en el país, según señala el documento en su disposición final.
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