Se ha encendido la luz de alerta en el patio dominicano, con un coro de voces destacadas, encabezado por el psiquiatra y asesor en salud mental del Poder Ejecutivo, José Miguel Gómez, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el Instituto Dominicano de Derecho Penal, que han tirado un grito al cielo para pedir un alto al fuego a la ola de muertes que se están dando en los tristemente célebres ‘intercambios de disparos’ con la Policía. La vaina es seria y el llamado es claro: hay que ajustar la lucha contra el crimen al debido proceso, ¡sin peros que valgan!
José Miguel Gómez, sin andarse por las ramas, rechazó categóricamente que la Policía Nacional se atribuya el derecho de decidir quién vive y quién no en la calle dominicana. Asegún él, un ‘intercambio de disparos’ no puede ser un cheque en blanco para acabar con la vida de presuntos delincuentes. La ley y el debido proceso deben ser la línea que guíe cada acción, aunque obvio, los agentes tienen que defenderse si su integridad está en juego, eso es de sentido común.
El especialista enfatizó que la criminalidad se combate con inteligencia y justicia, no a base de plomo de una vez. Su propuesta es clara: los reincidentes de alta peligrosidad, esos que tienen un viaje de fichas por delitos serios como homicidio, secuestro o violación, deben ser localizados, apresados y recluidos en cárceles de máxima seguridad, donde se puedan implementar programas de rehabilitación. ¡Que no anden campantes por ahí como si nada!
Es alarmante, como señaló Gómez, que haya personas con hasta 20 fichas por delitos graves caminando por las calles. Este hecho, a su juicio, es un reflejo de fallas severas en el control institucional y en la prevención, una real vaina que demuestra que el sistema tiene sus grietas por donde se escapa la seguridad de la gente de lo más bien, dejando a la población vulnerable.
El experto también tiró luz sobre el perfil de la delincuencia juvenil, esa que está azotando el país y golpeando principalmente a una población joven en edad productiva. Mayormente, son jóvenes menores de 25 años, que provienen de familias medio desestructuradas, con deserción escolar temprana, acceso prematuro a armas y consumo de sustancias controladas. Un perfil jevi para entender dónde radica la raíz del problema.
Para ilustrar la gravedad del asunto, Gómez no dudó en calificar de psicópatas y sociópatas a los implicados en el trágico asesinato de Zeneida Socorro Castillo y las heridas infligidas a su esposo, Julián Oro Duro. Describió a estos individuos como seres sin remordimiento, sin empatía por el dolor ajeno y sin capacidad para medir las consecuencias de sus actos, capaces de postear sus fechorías en redes con una frialdad que da escalofrío.
Por su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también le entró duro a la situación, pronunciándose acerca de las más de 40 muertes a manos de la Policía Nacional en supuestos intercambios de disparos. Para él, la seguridad ciudadana no puede quedarse ‘sin chapeo’ de información después de estos eventos; hay que ver qué se saca de esos delincuentes, pues la información es clave.
Ulloa recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 37, defiende el derecho a la vida desde la concepción, y que la Policía tiene la misión de resguardar la seguridad y ser auxiliar del Ministerio Público. Su planteamiento es claro: todo el que cometa un crimen o delito debe ser sometido a la acción de la justicia, y que las cárceles, que son un punto clave, deben ser intervenidas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros males.
El funcionario fue más allá y pidió que el Ministerio Público instrumente bien los expedientes y que el Poder Judicial suelte sentencias que sean ejemplares, de esas que dejen una lección clara y fortalezcan la confianza en el sistema. Propuso dividir a los presos entre aquellos que sean de delitos de sangre y los de crimen organizado para buscar una sociedad con más seguridad, ¡que es lo que la gente bacana quiere!
Finalmente, el Instituto Dominicano de Derecho Penal también le ha puesto un freno a la situación, sumándose al llamado de un alto al fuego y exhortando a que las actuaciones de los organismos de seguridad se ajusten estrictamente a la Constitución y las leyes. La data es alarmante: 142 personas murieron en supuestos intercambios de disparos durante el primer semestre de 2026, un aumento considerable frente al mismo período del año anterior.
Y por si fuera poco, la entidad señaló que, hasta el 25 de septiembre, 45 de 99 homicidios registrados durante ese mes fueron clasificados como ‘Acción Legal’, lo que representa un 45.5 % del total. El Instituto dejó claro que ninguna orden de arresto, antecedente o acusación convierte a una persona en condenada, ¡que la justicia siga su curso como Dios manda y que el debido proceso sea respetado!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
