La República Dominicana se alista para un nuevo capítulo en la larga y compleja saga del caso Odebrecht, que ha mantenido a todo el país en un estira y encoge por años. En esta ocasión, el empresario Ángel Rondón, uno de los nombres más sonados en este polémico expediente, ha anunciado su decisión de interponer una demanda formal contra el Estado dominicano por los “daños y perjuicios” que, según él, sufrió su persona y su buen nombre. Pero lo que realmente ha llamado la atención de este anuncio, y que lo hace una movida “chévere” para el pueblo dominicano, es su firme compromiso de donar la totalidad de la indemnización que pueda obtener a una institución dedicada al tratamiento del cáncer. Una decisión que, sin duda, le da un giro bien humano a todo este lío judicial.
La motivación detrás de esta demanda va más allá de un simple reclamo económico personal, y tiene un trasfondo que cala hondo en el sentir de cualquiera. Rondón ha sido enfático al señalar que el “calvario” que vivió durante el proceso judicial, que lo tuvo en el ojo del huracán por su presunta vinculación con los sobornos de la constructora brasileña, fue una experiencia de “un viaje de presión” y sufrimiento incalculable. Esta “vaina” de litigio se vio agravada por una tragedia personal: la pérdida de su hijo a causa del cáncer. Según Rondón, su vástago padeció el juicio con mayor intensidad que él mismo. Esta experiencia dolorosa es la que impulsa su “bacana” decisión de transformar una posible victoria legal en una ayuda tangible para aquellos que batallan contra esta cruel enfermedad. Es un acto que, para muchos, le suma puntos a su reputación.
La decisión del empresario llega justo después de que el Tribunal Constitucional (TC) echara para atrás, o “bateara en el aire”, como diríamos aquí, el recurso de revisión constitucional que había interpuesto la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Este recurso buscaba revertir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que absolvió a Rondón y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Esta confirmación de su absolución, luego de un proceso tan mediático y exigente, ha dejado claro que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, según los tribunales, no fueron suficientes para sustentar las graves acusaciones.
Para entender la magnitud de este paso que ha dado Rondón, hay que recordar el contexto del caso Odebrecht en la República Dominicana. Este escándalo fue, sin lugar a dudas, uno de los golpes más duros a la credibilidad de la clase política y empresarial dominicana en la historia reciente. El país se vio envuelto en una “chercha” de acusaciones y revelaciones sobre los 92 millones de dólares que la constructora admitió haber pagado en sobornos para obtener contratos estatales. La indignación popular se hizo sentir con fuerza, dando origen a la “Marcha Verde” y a un clamor generalizado por “justicia de una vez”. La expectativa de que los “peces gordos” pagaran era altísima, y el escrutinio público, “de lo más intenso”.
Sin embargo, el resultado final del proceso ha dejado a muchos con un sabor agridulce. De los inicialmente señalados y condenados en primera instancia, Rondón y Díaz Rúa fueron eventualmente absueltos por la Segunda Sala de la SCJ, al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público, sintiéndose con “la sangre en el ojo”, no se dio por vencido y llevó el caso hasta el TC, alegando violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y que la SCJ había desconocido precedentes vinculantes y el ordenamiento jurídico.
Pero el TC, con su decisión “bacana” (en el sentido de firme y justa), le dio “pa’ bajo” a la Pepca. Según el alto tribunal, la Procuraduría estaba pidiendo que se revisaran hechos y valoraciones de pruebas, una atribución que no le compete al TC según la Ley núm. 137-11. En pocas palabras, el TC le dijo a la Pepca que “se les fue el bolo” al intentar que ellos hicieran el trabajo de casación o de una nueva evaluación de pruebas, cuando lo que les tocaba era revisar si hubo fallos constitucionales en el proceso, y no reabrir el caso desde cero. El TC afirmó que la actuación de la Segunda Sala de la SCJ “fue conforme a derecho” y que, incluso, “realizó una interpretación a favor del titular del derecho” en aspectos clave del tipo penal y la inexistencia de delito precedente.
La postura de Rondón va más allá de su caso personal. El empresario ha manifestado que su demanda también busca “echar un pleito” para que el Ministerio Público no siga actuando de manera arbitraria o con pruebas que, según sus palabras, nunca llegan a ser contundentes. “No podemos permitir que el Ministerio Público siga actuando de las pruebas que nunca las entreguen”, sentenció. Para él, “alguien tiene que ponerle fin a esas situaciones” donde, “asegún” él, el órgano persecutor puede actuar sin la debida rigurosidad, afectando la vida de las personas. Esta es una crítica directa a la forma en que se manejan algunos procesos, y busca sentar un precedente para que no haya “tigueraje” en la aplicación de la justicia.
Esta demanda contra el Estado, con la promesa de una donación millonaria para una causa tan noble como la lucha contra el cáncer, coloca a Ángel Rondón en una posición singular. Su “palabra de honor” de transformar un resarcimiento personal en una ayuda comunitaria podría generar un debate interesante sobre la responsabilidad del Estado ante los errores judiciales y la forma en que los ciudadanos pueden “pararse de frente” ante lo que consideran atropellos. Es un recordatorio de que, incluso en los laberintos legales más intrincados, la humanidad y la solidaridad pueden “brillar con luz propia”. Es un caso que seguirá dando mucho de qué hablar en “el patio”.
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