Tres de esos pliegos legislativos cursan en el Senado de la República y dos en la Cámara de Diputados
Son cinco los proyectos legislativos en el Congreso Nacional que buscan modificar o eliminar la controversial Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
De los cinco pliegos de ley, tres cursan en el Senado de la República y dos en la Cámara de Diputados. Cuatro de los proyectos tienen el propósito de reformar algunos de los artículos de la Ley, mientras uno plantea suprimirla.
El más reciente de los documentos legislativos lo sometió el pasado jueves el Poder Ejecutivo, vía Senado. La propuesta cambiaría siete artículos de la pieza aprobada por los congresistas y promulgada por el propio presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero.
La Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a, “sin la autorización de un juez” -la parte más controversial-, entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.
Además de la iniciativa legislativa introducida por el presidente de la República, en la Cámara Alta se destacan dos proyectos que buscan modificar la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia presentados por el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y el exsenador Dionis Sánchez (FP-Pedernales).
Ambas normas legislativas fueron enviadas a la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado al inicio de la pasada legislatura, el 28 de febrero de 2024.
El proyecto que sometió Genao, lo elaboró el partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), quien le entregó el documento el primero de febrero de 2024, el cual propone 15 modificaciones a la Ley 1-24.
El pliego de reforma fue presentado por una comisión de alto nivel del partido minoritario, encabezada por los exdiputados Pelegrín y Vinicio Castillo. El texto incluye dos considerandos, cinco vistos y toca 12 artículos de la Ley que crea la DNI, que son el 2, 4, 11, 13 (numerales 4, 5 y 9, y agregar el numeral 15), 14, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29.
Uno de los cambios sugeridos en la propuesta es el de establecer un juez habilitado por la Suprema Corte de Justicia con jurisdicción nacional para atender requerimientos de información a terceros por parte de la DNI.
También que el Ministerio Público asuma el control de la investigación, si se detectan ilícitos penales en investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia; suprimir del artículo 26 las sanciones penales de prisión para aquellas personas que se nieguen a dar información a la DNI; y, entre otros puntos, que el inspector general y el contralor financiero de la DNI sean designados por el presidente de la República, a propuesta del director nacional.
El proyecto sometido por el exsenador Dionis Sánchez propone cambios en 13 artículos de la Ley, que son los artículos 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 27, 30. Su objetivo es modificar la polémica legislación a los fines de su conciliación con las directrices constitucionales, los tratados internacionales, las leyes, los derechos fundamentales y el debido proceso, e impulsar así las garantías ciudadanas y el logro de los objetivos del estado social y democrático de derecho.
En su pieza, el dirigente de Fuerza del Pueblo agrega el artículo 30-bis, para establecer un régimen sancionatorio a quienes laboren en la DNI: civiles, agentes adscritos a la Polícia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Las sanciones estarán regidas en la Ley 41-08, de Función Pública; Ley 590-16, de la Policía Nacional; y la Ley 139-13, de las Fuerzas Armadas.
Piezas en la CD son de peledeístas
En la Cámara de Diputados hay dos proyectos sobre la Ley DNI y ambos fueron sometidos por legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD): uno busca modificar artículos de la legislación y el otro derogarla.
La iniciativa que reformaría la Ley 1-24 tiene como proponente a Gustavo Sánchez, vocero del bloque de los diputados del PLD. El proyecto de ley propone modificar los artículos 9, 11, 13, 22, 26 y 27 de la norma legislativa en cuestión, para, entre los cambios más destacados, eliminar las sanciones de prisión y agregar la necesidad de una orden judicial para la entrega de informaciones.
Según Sánchez, los seis artículos que menciona contienen aspectos contrarios a la Constitución, vulneran derechos fundamentales, contradicen principios de transparencia en la administración pública y suplantan funciones de otras entidades del Estado.
La otra pieza en la Cámara Baja sobre la DNI la sometieron los entonces diputados peledeístas Luis Henríquez y Elpidio Báez, el 26 de enero de 2024. En el documento legislativo, los excongresistas presentaron al país un proyecto que deroga en todas sus partes la Ley 1-24, por entender que es contraria a la Carta Magna.
La propuesta de los diputados salientes mantiene vigente la Ley 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
En una de las sesiones de la pasada legislatura, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de ley a la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas.
