El futuro legal de Roman Storm, cofundador del protocolo de privacidad Tornado Cash, ha generado una movilización masiva dentro del ecosistema de las criptomonedas.
Más de 100 desarrolladores y figuras prominentes, incluido Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, enviaron cartas de apoyo a Storm ante el tribunal, argumentando que el desarrollo de software de código abierto no debe ser criminalizado.
Storm, quien enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, compartió su gratitud tras leer los testimonios. Según el desarrollador, estas misivas reafirman «por qué el derecho a construir herramientas de código abierto es fundamental».
Las cartas enfatizan que los creadores de software no deberían ser responsables por el uso indebido que terceros den a una tecnología neutral por diseño.
La privacidad como defensa ante la vigilancia
Entre los testimonios más destacados se encuentra el de Vitalik Buterin. El desarrollador subrayó la importancia de la autonomía sobre la información personal en la era digital:
«Ser capaz de elegir con quién compartimos información sobre nuestras vidas personales, nuestras comunicaciones, nuestro paradero y nuestras finanzas, es una protección clave contra la explotación», dijo Buterin en sus líneas dedicadas a Storm.
Este respaldo llega en un momento crítico. Storm ha advertido previamente que una sentencia condenatoria podría marcar el fin de las finanzas descentralizadas (DeFi). Ello, al sentar un precedente donde los programadores son castigados por el comportamiento de los usuarios de sus protocolos.
«Construir herramientas que preservan la privacidad no es criminal, es honorable», cita una de las cartas recibidas por el cofundador de Tornado Cash.
Un cambio de postura regulatoria
El caso de Storm se desarrolla en un contexto de cambios significativos en Estados Unidos. En marzo del año pasado, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones económicas contra Tornado Cash, revirtiendo medidas de 2022.
La administración actual, presidida por Donald Trump, ha señalado un interés en priorizar la innovación financiera en el sector de los activos digitales, distanciándose de la persecución a protocolos descentralizados.
A pesar de este giro administrativo, el proceso judicial contra Storm en el Distrito Sur de Nueva York continúa. De ser hallado culpable, el ingeniero podría enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.
Para los analistas del sector, este juicio definirá si el acto de escribir código para proteger la privacidad de la moneda digital es un servicio legítimo o un crimen federal, en una lucha que equiparan a la inmutabilidad y neutralidad de la tecnología de Bitcoin.
