El Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, responsable de la excursión en la que falleció Stephora Anne-Mircie Joseph supuestamente ahogada en una hacienda de Santiago, es el centro de la atención pública.
La institución, reconocida como uno de los colegios privados más prestigiosos de la ciudad, forma parte de un círculo educativo que atiende principalmente a hijos de familias de clase media alta y de la élite.
Ubicado en la carretera Don Pedro, el Da Vinci fue fundado en 1985 por un grupo de empresarios cuyos nombres no figuran públicamente en los registros disponibles.
De acuerdo con la información publicada en sus propias plataformas digitales, el centro funciona como un proyecto de la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc., entidad incorporada mediante el decreto No. 3049, que la declara legalmente como una institución sin fines de lucro.
El colegio, considerado un modelo entre las instituciones educativas privadas de Santiago, ofrece formación multilingüe y se promueve como una comunidad de aprendizaje “reflexiva y autocrítica”, según su visión institucional.
Sin embargo, el prestigio del plantel ha sido opacado por el fallecimiento de la estudiante durante la excursión escolar, un caso que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y supervisión en actividades recreativas.
Pese al impacto del suceso, las autoridades educativas del centro han mantenido un marcado silencio público durante el proceso, lo que ha alimentado reclamos de mayor transparencia por parte de la sociedad que ha seguido de cerca el caso.
Los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió el 14 de noviembre durante una excursión del colegio Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago, denunciaron ayer que las autoridades solo les han entregado las grabaciones de dos de más de diez cámaras de seguridad instaladas en el lugar.
En una rueda de prensa, el abogado Shesner Calcaño informó que, tras semanas de insistencia pública, finalmente se inició una investigación formal, luego de que la familia pasara casi tres semanas sin acceso a los medios probatorios ni a los videos del área donde ocurrió el hecho.
Calcaño explicó que, aunque se les entregaron algunos archivos audiovisuales, estos no están completos y presentan características que les obligan a someterlos a una pericia técnica privada para determinar su autenticidad.
“Han pasado casi tres semanas. No sabemos en qué condiciones se resguardaron esos videos ni quién los tuvo en su poder”, señaló.
Añadió que requieren el material íntegro antes, durante y después del suceso para determinar responsabilidades.
DVR bajo duda
Otro de los abogados, Miguel Díaz, reveló que existen inconsistencias en las informaciones sobre el paradero del DVR original, que contiene las grabaciones completas.
