La necesidad de que las obras del Estado estén aseguradas fue planteada durante un encuentro realizado el lunes entre la Superintendencia de Seguros y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).

El argumento central para la sugerencia fue que “que nos cuesta a todos” financiar la reparación de los bienes del Estado que se pierden por eventos catastróficos como huracanes, tormentas y terremotos.
La reunión fue convocada por la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo el 20 de septiembre del 2022, a las 11 de la mañana en el salón de conferencias de dicha entidad.

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El propósito de la reunión, según una fuente de entero crédito, fue “conversar sobre los pormenores de los pasos que están dando las aseguradoras para atender a sus respectivos clientes por los daños ocasionados por el huracán Fiona el lunes 19 del corriente mes.

Durante el encuentro las aseguradoras plantearon que las compañías miembros de Cadoar han activado su plan de contingencia frente a situaciones como estas para poder ofrecer a sus clientes y asegurados su asistencia vía sus colaboradores y ajustadores que evaluarán los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

También expresaron que el sector asegurador está preparado y presto a ayudar a recuperar los activos dañados y restaurar la capacidad productiva de los asegurados afectados.

Enfatizaron en que “el Sector asegurador posee la fortaleza financiera para afrontar las pérdidas sufridas por sus asegurados conjuntamente con sus reaseguradores internacionales como lo hemos hecho en ocasiones anteriores”.

Fu entonces cuando expusieron “la necesidad de que las obras del estado estén aseguradas ya que nos cuesta a todos su reparación”. Se expuso que puentes y carreteras son de las infraestructuras viales que más daños sufren de los fenómenos naturales.

Ayer este periódico publicó una nota en la cual destacó que por falta de aseguramiento de sus infraestructuras, el Estado dominicano desembolsó el equivalente a unos US$5,100 millones para cubrir daños y pérdidas no aseguradas provocadas por los huracanes y tormentas David, Federico, Olga, Noel, Jeanne y Georges, que afectaron al país entre 1979 y el 2007. Las pérdidas asumidas por el Estado representaron entre el 0.6 % y 118.4 % del producto interno bruto (PIB) del año en que ocurrió el fenómeno y se hicieron los desembolsos correspondientes.

Durante el encuentro, los socios de Cadoar expusieron también la importancia de que “que los empresarios tengan actualizadas sus sumas aseguradas de cara a la inflación imperante para así evitar la aplicación de penalidades como el infraseguro”.

Además se trataron los aspectos relativos a daños materiales reparables en poco tiempo y a la disminución e interrupción de negocios.

Asimismo, pidieron a la Superintendencia de Seguros autorización para uso de las reservas catastróficas y la liberalización en el uso de las inversiones de las reservas.

El tema del deducible en partidas según contratos

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En cuanto a la aplicación del deducible en las partidas según los contratos entre las aseguradoras y los asegurados, los representantes de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) se comprometieron a hacer las gestiones para explicarles a los clientes el funcionamiento de dicho deducible y en qué circunstancias se aplica. También se le informó de forma preliminar los daños ocasionados y por consiguiente una reducción en las indemnizaciones por interrupción de negocios que también afectarán a otros ramos, como automóvil.

Otros temas tratados fue el uso de las Inversión de las reservas para pagos por indemnizaciones a los asegurados hasta tanto se reciban los fondos de los reaseguradores.

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