Panorama Nacional.-Diversos sectores de la sociedad civil y líderes comunitarios han encendido las alarmas ante el preocupante incremento de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la Policía Nacional y unidades del DICRIM. La información, suministrada por el exsenador por La Romana, Iván Silva, indica que múltiples jóvenes han perdido la vida en circunstancias que, según familiares y residentes, permanecen sin ser esclarecidas por las autoridades.
Silva advirtió que este sombrío panorama contrasta de manera dramática con un reciente acto oficial en el que altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, participaron en una ceremonia para intercambiar reconocimientos, medallas y pergaminos.
“La presencia de figuras como la senadora Faride Raful y el director de la Policía Nacional en dicho evento ha sido criticada como una desconexión total con el dolor que viven las comunidades más vulnerables del país”, afirmó.
El exsenador señaló que el sufrimiento de familias como las de Romy Alexander Martínez, Moisés Severino Monegro y Christopher Quezada Estévez resuena en numerosos barrios, donde denuncian que, mientras ellos lloran la pérdida de sus seres queridos, de manera simultánea se premian las acciones de los cuerpos policiales cuestionados.
“Los parientes de las víctimas aseguran que estos actos protocolarios son una burla, especialmente cuando sus casos carecen de una investigación independiente y transparente”, dijo.
La gravedad de las denuncias, añadió, radica en la metodología de los hechos: familiares sostienen que los jóvenes fueron abatidos sin órdenes judiciales ni procesos de investigación que justificaran el uso letal de la fuerza.
Silva también advirtió que algunos de los decesos habrían ocurrido dentro de las viviendas de las víctimas o mientras realizaban actividades cotidianas, lo que provoca indignación generalizada y refuerza la percepción de que no se respetó su derecho a un proceso judicial previo.
El exlegislador puntualizó que líderes comunitarios y comunicadores independientes han elevado las acusaciones, señalando la presunta existencia de órdenes directas para ejecutar operativos violentos en zonas de bajos recursos.
Las denuncias más delicadas sugieren que ciertos enfrentamientos podrían estar vinculados a disputas por el control de puntos de droga, en las que grupos criminales supuestamente pagarían para eliminar competidores, aprovechando la falta de supervisión y la presunta impunidad en algunos operativos.
Organizaciones de derechos humanos, añadió, han recolectado evidencias que describen situaciones “escalofriantes”. Entre ellas se menciona el caso de un adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cabeza; un joven ejecutado mientras permanecía esposado; y personas que habrían sido golpeadas hasta morir en destacamentos, incluso con denuncias de mutilaciones. “
Estos testimonios subrayan la urgencia de un reclamo nacional e internacional para que se investiguen a fondo los casos y se determinen responsabilidades”, afirmó Silva.
Irán ante tribunales internacionales
Silva detalló que, ante la supuesta inacción o falta de instituciones nacionales dispuestas a procesar estos casos, abogados y defensores de derechos humanos han anunciado que llevarán los expedientes ante organismos internacionales para solicitar una investigación independiente sobre las actuaciones de la Policía Nacional.
Esta iniciativa busca presionar por justicia y transparencia más allá de las fronteras dominicanas. La demanda incluiría no solo a los mandos operativos, sino también a figuras de alto nivel, entre ellas el presidente Luis Abinader y miembros del Consejo de la Policía, como Elena Villella, por su relación con la estructura de mando de los operativos.
Finalmente, Silva adelantó que el objetivo es exponer la crisis de derechos humanos en el país a nivel global, exigir sanciones y poner fin a la presunta impunidad que, afirma, rodea estos trágicos hechos.
