El progreso puede tener sus inconvenientes, como ha advertido el regulador bursátil francés, la no gubernamental Autorité des marchés financiers (AMF). Según el defensor del pueblo de la AMF, las mediaciones relacionadas con activos digitales aumentaron considerablemente en 2022, al igual que el número de proveedores de servicios de activos digitales (DASP) registrados.
En su recién publicado informe anual de 2022, el Defensor del Pueblo de la AMF incluyó por primera vez una sección dedicada a los activos digitales. En él se señalaba que, si bien el número total de casos recibidos por el defensor del pueblo disminuyó de 1,964 en 2021 a 1,900 en 2022, las solicitudes de mediación relacionadas con activos digitales aumentaron de 44 a 54, y el número de casos admitidos a trámite pasó de seis a 17. Al mismo tiempo, el número de DASP registrados aumentó de 28 a 59.
El Defensor del Pueblo de la AMF sólo puede mediar en casos en los que la DASP esté registrada en la AMF o ésta haya dado su aprobación facultativa en casos como las ofertas iniciales de monedas. El registro en la AMF es necesario para proporcionar custodia a terceros, comprar o vender activos digitales de curso legal, intercambiar activos digitales por otros activos digitales o gestionar una plataforma de negociación de activos digitales en Francia.
La licencia de la AMF es necesaria para “proporcionar uno o más servicios de activos digitales en el curso ordinario de los negocios”. Actualmente no hay DASPs con licencia.
“”In 2022, the number of disputes relating to crypto-assets for which the AMF Ombudsman was requested to mediate tripled by comparison with 2021.” https://t.co/Z1u9DPwUe3 pic.twitter.com/UD2vVFYWBB
— Joshua Rosenberg (@_jrosenberg) June 14, 2023
El informe del defensor del pueblo señaló que los requisitos de registro de DASP se endurecerán en julio, antes de ser sustituidos por la legislación de la Unión Europea sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) el próximo año.
El defensor del pueblo de la AMF se cuidó de señalar que no interviene en “estafas”, que pueden regirse por la normativa aplicable a los criptoactivos o, en el caso de los derivados, por la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II). Los malentendidos sobre las condiciones de staking fueron un problema común que trató el Defensor del Pueblo, informó.
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