El defensor del Pueblo realizó ayer la ceremonia del Premio Julio Ibarra Ríos, en su primera edición, con el objetivo de reconocer a organizaciones sin fines de lucro (ONG) en el país que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos.
La entidad que dirige Pablo Ulloa entregó tres premios, por valor total de un millón de pesos, a la Fundación Nido para Ángeles, que ganó el primer lugar; a la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el segundo lugar; y a Prolactar RD, quien logró la última posición.
Ulloa destacó que el galardón rinde homenaje al abogado, juez, historiador y patriota que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de los presos políticos y de las personas de mayor vulnerabilidad. Asimismo, resaltó sus valores éticos y labor humanitaria.
El acto fue celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia.
La Fundación Nido para Ángeles ganó el primer lugar, al destacarse por su labor de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Obtuvo la suma de RD$500,000 pesos y un busto conmemorativo de Julio Ibarra Ríos.
La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que presentó una propuesta enfocada en la salud mental, recibió un premio de RD$300,000 pesos y una placa de reconocimiento. Mientras Prolactar RD se llevó RD$200,000.00 y el trofeo tricolor del Defensor del Pueblo, por su contribución a la protección de la lactancia materna.
La premiación
La premiación busca destacar y fortalecer el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de un Estado social, democrático y de derecho
El reconocimiento se centra en el derecho a la salud, integridad personal y justicia, a fin de impulsar una sociedad más empoderada, justa y equitativa.
En su discurso, Ulloa afirmó que el Premio Julio Ibarra Ríos tiene un significado importante para la institución que dirige, porque como hombre público, el fenecido engloba los elementos esenciales que tiene que tener todo administrador.
Dijo que lo que nunca va a ser transitorio es honrar al que honra merece, “porque así nos van a tratar”.
“Este espacio es una reivindicación a un dominicano con las características excepcionales que supo asumir una posición pública, cual que fuera fiscal, ministro, juez de la máxima corte del país, pero siempre como lo que fue, un ciudadano”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que el Defensor del Pueblo hace un momento de justicia para un hombre de justicia, pero que la esencia es reivindicar los valores, porque justamente se hace patria en estas acciones.
Resaltó que el señor Julio Ibarra Ríos nunca transgredió el límite de la moral, y dejó eso como legado.
Mensaje a las ONG
En su ponencia, el representante del órgano extrapoder se refirió, además, al trabajo que realizan las ONG, al señalar que se encargan de llevar a la gente los bienes y servicios que el Estado, “por ineficiente, incapaz e insensible”, no puede hacer. Agregó que ahí entra, entonces, el defensor del Pueblo, en hacer el cumplimiento gubernamental.
“Para poder hacer efectiva la función del Estado del artículo 8 de la Constitución, ustedes tienen que trabajar con una mística, y nosotros, como Defensor del Pueblo, tenemos que conocer el Estado”, expuso.
Las fases del reconocimiento
El reconocimiento se desarrolló en tres fases. El órgano extrapoder recibió propuestas enfocadas en áreas de salud, justicia, integridad personal y bienestar social. Un comité evaluador compuesto por personal interno y externo analizó las postulaciones.
Luego de las dos primeras facetas fueron reconocidas las tres entidades con mayor puntuación.
Las organizaciones fueron evaluadas según criterios de trayectoria, impacto, sostenibilidad, innovación, colaboración, defensa y promoción de derechos humanos.
El fenecido se destacó como servidor público
Julio Ibarra Ríos nació en el año 1934, en San Pedro de Macorís. En el año 1958, se graduó de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde inició su carrera política.
En la función pública, desempeñó los cargos de procurador fiscal del Distrito Nacional; secretario de Estado, de Deportes y Educación. También fue asesor jurídico del Senado. Desde 1997 hasta su muerte el 13 de marzo de 2011, fue juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
