Otra medida “nati-muerta” del gobierno nacional rompió el celofán este martes: la distribución de un decreto que regula la percepción y aplicación del ITBIS en servicios digitales ofrecidos por empresas internacionales.
La medida alcanzaba a servicios como Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Facebook Ads, Google Ads y otras empresas de almacenamiento en la nube, entre otras. Esto no tendría una relevancia especial si no fuera porque todas estas empresas son estadounidenses. Y, apenas el viernes pasado, Donald Trump firmó el viernes un memorando que allana el camino para que Estados Unidos tome represalias contra las naciones que impongan “impuestos a los servicios digitales” globales (de EEUU, más en específico).
“Cuando un gobierno extranjero implemente dichos impuestos, la administración Trump responderá con aranceles para mitigar el daño a Estados Unidos y reparar cualquier desequilibrio resultante”, dijo el presidente en su memorando. “A partir de 2019, varios socios comerciales promulgaron impuestos a los servicios digitales (DST, por sus siglas en inglés) que podrían costar a las empresas estadounidenses miles de millones de dólares y que funcionarios de gobiernos extranjeros admiten abiertamente que están diseñados para saquear a las empresas estadounidenses”, dijo.
La medida de Trump para “defender” a las compañías estadounidenses de servicios digitales tiene en la mira a países como Canadá, Turquía y varios de la UE que cobran impuestos a estas plataformas. Pero, dada la mirada global que ejerce la Administración Trump, no sería descabellado pensar que la rápida aclaración de la derogación de la medida en República Dominicana obedería -o al menos, pretende cuidarse- de cualquier tipo de represalia.
La derogación en RD al ITBIS para los servicios digitales
La normativa que regulaba la aplicación del ITBIS a los servicios digitales se oficializó mediante el Decreto 30-25 y se publicó en la Gaceta Oficial No. 11186 el 25 de enero de 2025, para entrar en vigor seis meses después de su emisión, aproximadamente en julio de este año año. El impuesto se aplicaría a todos aquellos servicios digitales que sean utilizados, consumidos o contratados dentro de República Dominicana. Desde plataformas de streaming hasta herramientas de software, ningún servicio quedará fuera de este marco regulatorio.
Sin embargo, luego de la distribución del decreto el día de hoy, rápidamente el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, precisó que el Gobierno derogó ayer, lunes 3 de marzo mediante el Decreto 107-25, el Decreto 30-25, que regulaba la percepción y aplicación del ITBIS en los servicios digitales prestados desde el exterior.
Tanto el decreto como el vocero de la Presidencia no argumentaron las razones de este decreto. Pero bien cabe pensar que es una medida “a tiempo” tras la orden ejecutiva firmada el viernes en la Casa Blanca.
La orden ejecutiva de Trump
El memorando del viernes ordena al jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, en consulta con el jefe del Departamento de Comercio y el representante comercial de Estados Unidos, determine si algún país extranjero está sometiendo a ciudadanos o empresas estadounidenses a impuestos discriminatorios o extraterritoriales en la economía digital o en otros lugares.
Los impuestos sobre servicios digitales se aplican a los ingresos brutos derivados de servicios digitales prestados por empresas multinacionales.
Entre los críticos de los impuestos se encuentra la Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones, un grupo comercial de la industria tecnológica cuyos miembros incluyen a Amazon, Google, Apple y Meta.
Unos 30 países han adoptado o propuesto este tipo de impuestos en los últimos años, incluidos socios comerciales clave de Estados Unidos como Francia, Italia, España, Canadá y el Reino Unido. El año pasado, Canadá adoptó un impuesto del 3 % sobre los servicios digitales (retroactivo al 1 de enero de 2022) que grava los ingresos de los grandes proveedores de servicios digitales, como los que operan en mercados en línea y plataformas de redes sociales. El impuesto también se aplica a la venta o concesión de licencias de datos de usuarios.
