Panorama Nacional. – La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) presentó a representantes de diversos sectores nacionales la propuesta consensuada de modificación de la Ley núm. 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de modernizar el marco legal vigente y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
La iniciativa fue dada a conocer durante un encuentro con directivos de entidades empresariales y funcionarios públicos vinculados al régimen APP, encabezado por el director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, quien explicó que la propuesta surge tras un amplio proceso de concertación y responde a las lecciones aprendidas durante casi seis años de aplicación de la ley.
“Una buena ley no solo debe proteger el interés público, sino también permitir que los proyectos se ejecuten en tiempos razonables, con reglas claras y con un Estado ágil, sin perder control ni transparencia”, expresó Lugo Risk.
El funcionario reconoció que, aunque la Ley 47-20 representó un hito al institucionalizar las alianzas público-privadas en la República Dominicana, la experiencia ha evidenciado que el marco actual resulta complejo y poco flexible, lo que ha ralentizado la materialización de iniciativas con alto impacto económico y social.
“Muchos proyectos que podrían estar transformando comunidades y mejorando servicios tardan demasiado tiempo en avanzar, no por falta de calidad o viabilidad, sino por la complejidad del marco normativo vigente”, indicó.
La propuesta de modificación busca reducir los plazos de estructuración y adjudicación de proyectos, fortalecer la capacidad técnica de las instituciones públicas y mejorar la bancabilidad y el atractivo financiero de las iniciativas, a fin de facilitar su ejecución con mayor rapidez y solidez.
Entre los principales ejes de la reforma se destacan la incorporación de procedimientos más ágiles y diferenciados según la complejidad de los proyectos; la creación de equipos técnicos especializados en APP dentro de las entidades ejecutoras; y el establecimiento de un Fondo Especializado para la estructuración de proyectos, destinado a financiar estudios de preinversión y acelerar el tránsito desde la formulación hasta la licitación.
Asimismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la gobernanza del sistema mediante la formalización del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, así como la modernización del régimen económico de las APP, incluyendo ajustes al tratamiento fiscal y a los esquemas de asignación de riesgos, con el fin de facilitar el cierre financiero de los proyectos.
Lugo Risk subrayó que la propuesta no implica una reducción de los controles, sino la eliminación de trámites que no aportan valor al proceso. “La transparencia, la competencia, la rendición de cuentas y la protección del interés público se mantienen como pilares fundamentales. Lo que se elimina es aquello que retrasa innecesariamente la ejecución sin mejorar la supervisión del Estado”, concluyó.
