Ina Robles, bombero de la Diputación Foral de Bizkaia, en Getxo el pasado 4 de octubre.
Ina Robles, bombero de la Diputación Foral de Bizkaia, en Getxo el pasado 4 de octubre.Fernando Domingo-Aldama

Ina Robles es bombero. Desde los 25 años, tiene 46, trabaja en algo que le apasiona. “Ser bombero es mi vida”, dice. Ina Robles es activista. También desde hace dos décadas colabora con varias organizaciones en contra de la guerra, el cambio climático o la desigualdad. “Es una de esas personas que se levanta anclado a sus valores”, dice Eva Saldaña, directora de Greenpeace, con quien ha realizado “infinidad de acciones”.

Además de manifestarse, colgar pancartas, conducir lanchas y camiones para organizaciones como Greenpeace, Ongi Etorri Errefuxiatuak o Amnistía Internacional, Robles participa en medios de comunicación para servir de altavoz a las causas que defiende (por ejemplo, en el programa En Jake, de EiTB). Siempre lo ha hecho, explica por teléfono, en su tiempo libre, normalmente de forma gratuita. “En los casos en los que se me ofrece una retribución, pido que se done a una ONG”, cuenta este bombero del parque de Artaza (Leioa, Bizkaia) que fue concejal de Elkarrekin Podemos en la localidad vizcaína de Getxo entre 2019 y 2020. “El activismo forma parte de mi vida privada, como montar en bici, como otros entrenan a un equipo de fútbol o colaboran en un comedor social”, dice. Por ello nunca pidió permiso para salir por la tele.

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Cuando Radio Euskadi le ofreció 60 euros por una colaboración mensual en el programa Ganbara, de una hora, pero por razones administrativas le pidió que los cobrase y después los donase él, Robles dudó. “Me quise curar en salud, asegurarme de que no incurría en algún tipo de incompatibilidad; lo que no me podía imaginar es que me iban a responder una cosa que ni siquiera pregunté”. La respuesta de la Administración fue que “ninguna trascendencia tiene o no el cobro de la colaboración” para que fuese incompatible con su trabajo de bombero. El problema es que la colaboración no era “ocasional”.

Según la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, los funcionarios no pueden llevar a cabo actividades privadas que menoscaben el cumplimiento de sus deberes o comprometan su imparcialidad o independencia (por ejemplo, un técnico de urbanismo no debería asesorar a una constructora). El artículo 19 de la ley cita algunas actividades que quedan exentas: un funcionario puede impartir cursos “cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año”, producir obras literarias o artísticas, gestionar su patrimonio o participar en seminarios. Entre estas actividades compatibles con el trabajo público está “la participación ocasional en coloquios y programas”. En su denegación, la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) recurre al diccionario: según la RAE, ocasional “es lo que sucede o se hace por azar o accidente” y lo que “es, sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por costumbre”. Por lo tanto, dictan, una vez al mes es “habitual”: “que deriva de habitus, término latino”.

Robles llamó a la DFB tras la denegación. “Pregunté, ¿qué sería entonces ocasional? Me contestaron que un par de veces al año”, explica el bombero, que dejó entonces (9 noviembre 2020) todas sus participaciones en medios: “Si desobedezco me juego un expediente gordo”, dice. “En la práctica, la DFB le ha prohibido dar opiniones en medios, en su tiempo libre, sobre cosas que nada tienen que ver con su trabajo, incluso sin cobrar, a no ser que sea algo totalmente excepcional”, dice el abogado de Robles, Emilio Aparicio. Bombero y abogado recurrieron, sin éxito, y luego llevaron el caso a los tribunales. El juicio fue el 20 de septiembre y está pendiente de sentencia.

Aunque en sus argumentos ambas partes se embrollan en pormenores de la ley y en su colisión con la libertad de expresión, los expertos coinciden en que el meollo está en la palabra ocasional. Para reforzar su postura, la DFB cita un artículo de la Revista de Derecho de la UNED en el que se explica que “el legislador exige la ocasionalidad, ya que el ejercicio habitual, constante y reiterado podría colisionar con los principios señalados de eficacia y dedicación del empleado público al puesto de trabajo”. Sin embargo, la autora, Carmen Seoane Bouzas, no cree que su texto justifique este caso. “No basta con ir a la RAE”, explica por teléfono, “tendría más lógica hacer una interpretación analógica con lo que dice la ley sobre los cursos: deben ser inferiores a 75 horas al año, muy lejos de las 12 de este caso”.

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Para Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, “esta denegación no es comprensible”: “La Diputación hace una interpretación demasiado restrictiva; una cosa puede ser periódica, pero también ocasional, los 60 euros son una cantidad tan ridícula que es demostrativa de que no hay una relación que pueda menoscabar el ejercicio de su trabajo”. El catedrático explica que aquí “ocasional” es un “concepto jurídico indeterminado”: “No es preciso, no lo puedes trasladar a una cifra exacta, pero una vez al mes, por esa cantidad, no parece responder al espíritu de la ley”. El catedrático de Administrativo de la Universidad de Alicante, Santiago González-Varas, coincide: “Habría que estudiar la jurisprudencia al detalle, pero intuitivamente 12 horas al año no perjudicarían su desempeño como funcionario”. El abogado de Robles lo explica con la paradoja sorites: “Para nosotros 12 veces al año es grano, para la Diputación es montón”.

En CC OO Euskadi el asunto suena “raro”: “Es la primera incompatibilidad de este tipo de la que tengo conocimiento”, dice Cesar Merino. “Normalmente la Administración no pone problemas cuando es algo tan esporádico y si no tiene nada que ver con sus funciones”. En Greenpeace, su directora también está sorprendida: “Nunca nos había pasado, pero tampoco me extraña; los activistas son silenciados de muchas maneras”. En la Diputación este es “un asunto de régimen jurídico y no hay valoración posible más allá de la que hizo el técnico que estudió el caso: al ser periódica, la colaboración no es ocasional; habrá que esperar a que resuelva el juez”, explican fuentes forales.

Mientras tanto, Ina Robles ya no habla en los medios. Salvo en Twitter, donde tiene 16.363 seguidores y el día del juicio publicó: “La Administración en la que trabajo intenta silenciarme. (…) Si eres alguien molesto para el sistema, el precedente se podría usar para silenciarte también a ti”. “Sobre todo siento rabia”, dice. “Había conseguido cierta presencia, para el activismo es fundamental tener altavoces, y aunque el juez me dé la razón ya he perdido la inercia. Cuando esto acabe, nadie se acordará de mí”.

“Tanto mi trabajo como mi activismo consisten en salvar vidas”

En 2007 Ina Robles escaló con otros miembros de Greenpeace la basílica del Pilar de Zaragoza para colgar una pancarta contra las bombas de racimo fabricadas por una empresa local. En 2013 fue uno de los detenidos de la ONG por encaramarse al tejado del Congreso para protestar por la “especulativa” Ley de Costas. Durante años ha compatibilizado su trabajo de bombero con su activismo en su tiempo libre. No es una excepción: “Tenemos muchos voluntarios que son funcionarios, sobre todo bomberos, pero también algún policía municipal”, dice Eva Saldaña, directora de Greenpeace, que explica que la organización tiene una “política de cuidados” para cuando sus miembros, funcionarios o no, sufren alguna consecuencia por sus acciones (contratándolos si son inhabilitados, pagando abogados o multas).

En 2017, el nombre de Robles saltó a los medios, junto al apodo de “el bombero objetor”. Estando de servicio se negó a participar en un retén de carga de armas en el puerto de Bilbao con rumbo a Arabia Saudí. Alegó objeción de conciencia: “Esas armas masacran niños en Yemen, lo volvería a hacer”, dice a pesar de que define los siguientes meses como “un infierno”. La Diputación Foral de Bizkaia lo amenazó con una falta muy grave (que le podría haber supuesto hasta seis años sin empleo y sueldo). Finalmente, todo quedó en una leve: una mancha temporal en su expediente, sin multa. “El juez fue muy riguroso, comprobó, porque estaba grabado en la emisora, que en 14 minutos se sustituyó mi ausencia y no se puso a nadie en peligro por mi negativa a participar”, dice el bombero. “Mi trabajo es algo sagrado, nunca había entrado en conflicto con mi activismo hasta aquel día en el puerto, de hecho, tanto uno como otro consisten en salvar vidas”.

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