¡Klk, gente de la patria! La vaina se está poniendo caliente de verdad en la lucha contra el Crimen Organizado y el relajo migratorio. El Gobierno dominicano, bajo la batuta del presidente Luis Abinader, ha decidido meterle mano de una vez y por todas a estos dos pilares de la seguridad ciudadana, anunciando operativos diarios y un refuerzo que, según la gente, ya era hora.
No es un secreto para nadie que la situación de la migración en nuestro patio siempre ha sido un tema candente, de esos que dan para un viaje de debates en la esquina. Pero ahora, con más de mil agentes nuevos con formación especializada, la Dirección General de Migración está de lo más bien equipada para hacer cumplir la Ley General de Migración. Solo el pasado domingo, ¡imagínense ustedes!, entre 800 y 900 personas fueron repatriadas. Esto no es chercha, es una acción contundente para mantener el orden público y la seguridad en nuestras calles. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dejó claro después de un coro con el presidente y los organismos de seguridad que todo esto se hace con estricto apego al debido proceso, que es lo que manda la constitución, o sea, sin atropellos, ¡pa’ que no digan que estamos en tigueraje!
La República Dominicana, por su ubicación geográfica estratégica en el corazón del Caribe, ha sido tradicionalmente un punto de tránsito y destino para flujos migratorios, especialmente desde Haití. Esta situación, si bien representa desafíos, también ha generado históricamente oportunidades para el intercambio cultural y económico. Sin embargo, la gestión desordenada puede presionar los servicios públicos y el mercado laboral, haciendo indispensable una política migratoria clara y firme. El refuerzo actual no solo busca controlar la entrada y permanencia irregular, sino también garantizar que los procesos se lleven a cabo con dignidad y respeto por los derechos humanos, aunque con la firmeza que la situación requiere para proteger los intereses de la nación. Es una medida que busca poner la casa en orden, como dice uno, para que todos los que andan por aquí, dominicanos y extranjeros, puedan convivir en un ambiente de ley y paz.
Pero la vaina no se queda solo en migración. La lucha contra el crimen organizado es otra de las prioridades que el Gobierno tiene bien puestas. La Policía Nacional no se ha dormido en los laureles; ha retirado de las calles 714 armas ilegales. ¡Eso es un viaje de armas menos en manos equivocadas! Estas acciones preventivas son cruciales para reducir la violencia y proteger a la ciudadanía de las calamidades que pueden causar estas armas. La ministra Raful ratificó que estas intervenciones son con respeto al debido proceso, con el objetivo primordial de evitar que estas armas ilegales sigan causando vainas irreparables y de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir el delito. Es como desarmar a los delincuentes antes de que puedan hacer su daño, lo que es jevi por donde quiera que se le mire.
El crimen organizado es un monstruo de mil cabezas que se alimenta de la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. En un país como el nuestro, donde el turismo es una parte fundamental de nuestra economía, la percepción de seguridad es vital. Los trabajos de la Fuerza de Tarea Conjunta contra las bandas criminales, según Raful, van a seguir “de manera más categórica”. Ya varios integrantes de estas estructuras delictivas han sido sometidos a la justicia y esperan sentencias definitivas. Esto demuestra que los operativos coordinados de inteligencia y persecución penal están dando frutos y no es solo bla bla bla. Es un mensaje claro para el tigueraje: aquí no hay relajo con la seguridad del pueblo. La seguridad ciudadana es un derecho fundamental, y el Estado tiene el deber de garantizarlo, desmantelando estas redes que buscan desestabilizar la paz social y económica. Un país seguro es un país que atrae inversiones, que prospera y donde la gente puede vivir tranquila, sin el estrés de la delincuencia acechando en cada esquina.
Y hablando de cosas que andan por las calles, ¡qué me dicen de las patinetas eléctricas! Estas “guagüitas” modernas se han vuelto un coro en la ciudad, pero también han traído su jevita. La ministra Raful precisó que el uso de las patinetas eléctricas es un tema transversal de seguridad ciudadana, y es que se han visto un viaje de accidentes por ahí. Por eso, deben ser categorizadas dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado, ¡asegún! Parece que el miércoles hay una reunión importante con la comisión técnica para evaluar la resolución del Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre), con el fin de regular y fiscalizar su uso, reducir riesgos y salvar vidas.
Es un tema chulo, porque nadie quiere que le quiten su patineta, pero la seguridad es primero. Ya tuvieron un encuentro con el director del Intrant, Milton Morrison, y la Asociación de Movilidad Eléctrica, que agrupa a los importadores de estos equipos. La idea es definir políticas públicas de prevención y avanzar hacia una resolución definitiva. Quedó clarito que tienen que ser categorizadas, porque no es lo mismo una patineta de niño que una motocicleta eléctrica que va a un viaje de velocidad. Se van a evaluar según su velocidad y tipo para ver cuáles necesitarán placa, la edad mínima para usarlas, los requisitos de circulación y los estándares de seguridad obligatorios. ¡Eso es bacano! Es pensar en el futuro y en cómo integrar estas nuevas tecnologías de forma segura en nuestro tránsito, que ya de por sí es un reto.
En resumen, el Gobierno dominicano está metiéndole el pecho a dos de los desafíos más grandes que tenemos: el crimen organizado y la migración irregular. Además, está siendo proactivo con las nuevas formas de movilidad como las patinetas eléctricas. Es un esfuerzo grande que busca construir una República Dominicana más segura, más ordenada y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes. ¡A seguir pa’ lante, mi gente!
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