¡Ay, mi gente! Aquí en el patio, el mercado del seguro de vida se ha visto en una situación bien complicada, casi que le han puesto el pie con la carga impositiva. Así lo ha puesto en blanco y negro Franklin Glass, el mero-mero presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar). Este Impuesto seguro de vida, lejos de ser una medida aislada, ha provocado que muchos dominicanos le huyan a estas pólizas como al diablo y busquen protección en otros lares, llevándose un viaje de cuartos fuera de la economía local. Esto, señores, es un asunto serio que toca las fibras de nuestra Economía Nacional y la seguridad familiar.
Asegún Glass, la verdad del coco es que a principios de los años ochenta, los seguros de vida eran una parte robusta del sector, representando casi el 30% de las primas y manejando cifras que rondaban los 35 millones de dólares. ¡Un coro! Pero ahora, ¿ustedes saben dónde estamos? Apenas unos 7 millones de dólares, a pesar de que la economía dominicana, ¡gracias a Dios!, ha venido creciendo. Esto no es un simple capricho, sino la consecuencia directa de una política fiscal que, buscando recaudar más “cuartos”, se la ha puesto en China al sector, desincentivando la adquisición de estos productos esenciales. La bajadera en la contratación de seguros de vida es un reflejo claro de cómo una medida bien intencionada puede terminar generando un efecto boomerang.
La situación es tan delicada que se estima que los dominicanos están invirtiendo alrededor de 350 millones de dólares cada año en seguros de vida contratados fuera del país. ¡Imagínense ustedes! Esos son un viaje de millones de dólares que se nos van como agua entre los dedos, que podrían estar circulando y dinamizando nuestra propia economía. Cuando la gente decide contratar sus pólizas en el extranjero, no solo sus “cuartos” se quedan allá, sino que quedan bajo otras jurisdicciones, y los beneficios, que bien podrían invertirse en el país, se canalizan hacia otras economías. Esto, indudablemente, genera un desbalance que nos afecta a todos y pone en jaque la inversión local que tanto necesitamos.
Y es que las reservas técnicas de los seguros de vida no son un chiste; son una fuente importantísima de financiamiento interno. Estos fondos, que se acumulan de las primas que pagan los asegurados, se invierten de una vez en nuestro sistema financiero, en el sector construcción —¡dándole trabajo a pila de gente!— y en instrumentos de deuda pública. O sea, son el motorcito que ayuda a que la economía siga su curso, generando riqueza y oportunidades aquí, en nuestro patio. Perder esa capacidad de inversión local es como quitarle una pata a la mesa del desarrollo nacional, dejando un hueco difícil de llenar que impacta directamente en la creación de empleo y el flujo de capital dentro del país.
Más allá de los fríos números, el seguro de vida cumple una función social que es de lo más importante. Es una red de protección para las familias dominicanas, un salvavidas que se activa cuando ocurren accidentes, enfermedades o desastres naturales, eventos que nos caen sin avisar. Piensen en los hogares que están fuera del sistema de seguridad social formal; para ellos, un seguro de vida puede ser la diferencia entre una crisis económica total tras la pérdida de un familiar y una transición un poco menos tormentosa. Si no hay cobertura, la presión sobre los recursos públicos destinados a la asistencia social se dispara, creando un problema adicional para el Gobierno y el presupuesto de Salud Pública.
Este tema no es exclusivo de República Dominicana; muchos países en vías de desarrollo enfrentan el reto de balancear la recaudación fiscal con el fomento de sectores clave. Sin embargo, en nuestro caso, la disminución drástica de la participación del seguro de vida en el total de primas —de un 30% a apenas un 7%— es una señal de alerta que no podemos ignorar. Otros mercados de la región han logrado mantener un sector de seguros de vida robusto, lo que demuestra que un marco regulatorio y fiscal adecuado es fundamental para su crecimiento y sostenibilidad.
Ante este panorama, no es un secreto que el sector asegurador está dándole seguimiento al asunto y ha entrado en un coro de conversaciones con varias entidades del Gobierno. El objetivo es claro: evaluar la carga tributaria y buscar una salida que sea beneficiosa para todos, como parte de una reforma integral de la legislación del sector. Es una oportunidad de oro para que el Gobierno y los legisladores, incluyendo el Congreso Nacional, se sienten a analizar con lupa cómo podemos tener un sistema fiscal que fomente la inversión y la protección local, en lugar de empujar a nuestros ciudadanos a buscar soluciones fuera de nuestras fronteras.
Es fundamental que se entienda que una política fiscal que estrangula a un sector tan vital como el de los seguros de vida termina siendo un pleito para toda la nación. No solo afecta la capacidad de inversión y el crecimiento económico, sino que deja a miles de familias desprotegidas, aumentando la vulnerabilidad social. La búsqueda de “cuartos” por parte del Estado no debe comprometer el futuro ni la seguridad de su gente. Tenemos que encontrar el balance, el punto jevi, para que tanto el Estado recaude lo que necesita como para que los dominicanos puedan proteger a los suyos sin tener que cruzar el charco para conseguirlo. La solución está en casa, en un diálogo abierto y en la voluntad de crear un marco legal que impulse, en vez de frenar, este importante renglón de nuestra economía.
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