La defensa de nuestros recursos naturales es una vaina que nos toca a todos, y la noticia que nos llega desde el Frente Amplio es para ponerle ojo. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta organización política ha dicho, bien clarito, que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena modificar los límites de nuestro querido Parque Nacional Jaragua. Para el Frente Amplio, esta decisión es un verdadero “atentado contra la soberanía ambiental del Estado”, y la verdad es que muchos dominicanos estamos dándole mente a qué hay detrás de todo este relajo.
El meollo del asunto, según denuncian, es que el fallo busca despojar a la nación de áreas protegidas de un valor incalculable, alegando “supuestos derechos de propiedad” que, ¡coño!, están vinculados a herederos de antiguos testaferros de la dictadura trujillista. Es decir, que nos quieren meter un gol con terrenos que son de todos los dominicanos, ignorando el valor estratégico, ecológico y jurídico de un parque que fue creado por ley. Si nos quitan un pedacito del Jaragua, ¿quién sabe qué otra cosa van a venir a reclamar después?
El Frente Amplio ha sido enfático: “Ningún tribunal puede, mediante sentencia, reducir o alterar los límites de un parque nacional”. Esto no es un coro de amigos donde uno dice que sí y otro que no. Cualquier cambio en nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) solo puede hacerse mediante una ley orgánica, aprobada por el Congreso Nacional. Esa es la Constitución, mi gente, y ahí no hay discusión que valga. Es como si de buenas a primeras quisieran moverle una columna al Palacio Nacional con un simple papel de un juzgado; eso no está de lo más bien.
Y es que esta vaina no es poca cosa. El Parque Nacional Jaragua, ubicado en el suroeste de nuestro país, entre Pedernales y Barahona, es una verdadera joya de la corona ambiental dominicana. Creado en 1983, y ratificado por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, abarca una extensión terrestre y marina impresionante. Es un santuario para la biodiversidad, hogar de especies endémicas y en peligro de extinción, como el solenodonte, la iguana de Ricord, la iguana rinoceronte, y un sinfín de aves, tanto residentes como migratorias. Además, sus playas son vitales para la anidación de tortugas marinas, como la carey, la tinglar y la verde.
Pensemos en la Bahía de las Águilas, esa maravilla natural que nos hace sentir el pecho ancho de orgullo. O la Laguna de Oviedo, con sus cayos repletos de aves. Todo esto es parte intrínseca del Jaragua. No es solo un paisaje chulo para las fotos; es un ecosistema complejo que nos provee de servicios ambientales esenciales: regula el clima local, protege nuestras costas de la erosión, y es una fuente de investigación científica y de oportunidades para un ecoturismo sostenible que eche pa’lante a las comunidades de la zona, en vez de despojarlas.
El Frente Amplio nos está advirtiendo que esta decisión judicial podría sentar un precedente peligroso, un tigueraje que abriría la puerta a futuras reclamaciones privadas sobre otras áreas protegidas de la nación. ¿Se imaginan que empiecen a aparecer ‘dueños’ de Valle Nuevo, de Los Haitises, o del Parque Enriquillo? Sería el acabose. A su juicio, se estarían favoreciendo intereses económicos particulares por encima del bien común y la sostenibilidad ambiental, y eso, ¡klk!, es inaceptable.
Recordemos que muchas de estas ‘propiedades’ que ahora reclaman tienen un origen más que cuestionable, que se remonta a los años oscuros de la dictadura de Trujillo. Él y sus testaferros se apropiaron de un viaje de tierras sin contemplación, y ahora, décadas después, sus ‘herederos’ intentan legitimar lo que fue un despojo. Defender el Jaragua es también hacerle justicia a la historia, a la memoria de aquellos a quienes se les arrebató todo.
Esta lucha trasciende lo meramente legal; es una cuestión de identidad nacional. Nuestras áreas protegidas son parte de nuestro patrimonio, de nuestra herencia cultural y natural. Son un activo que debemos proteger para nosotros y para las futuras generaciones de dominicanos. No podemos permitir que se negocie con ellas como si fueran un solar cualquiera. La gente del campo, los pescadores, los que viven cerca del parque, saben el valor que tiene y cómo el ecosistema les provee para su día a día. ¿Quién es un tribunal para quitarles esa seguridad?
El Frente Amplio ha dicho que va a ‘meterle mano’ a esta situación, agotando todas las vías legales para impedir que se consolide una jurisprudencia que legitime el despojo de nuestro patrimonio ambiental. Esto significa que la batalla legal podría escalar a instancias superiores, como el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia, y ahí es que se va a ver de qué lado se pone la justicia. Recurriremos la sentencia para evitar que se ponga en riesgo la integridad del SINAP, han concluido. Y nosotros, como ciudadanos, debemos apoyar esta causa.
En resumidas cuentas, esta no es solo la pelea del Frente Amplio; es una pelea de todos. Es defender nuestra tierra, nuestra riqueza natural, nuestro futuro. Es decirle no al tigueraje que busca privatizar lo que es de todos, y es asegurar que el Parque Nacional Jaragua, y todas nuestras áreas protegidas, sigan siendo un orgullo y un pulmón para la República Dominicana. Hay que darle mente a esta vaina y no dejar que se salgan con la suya.
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