¡Qué ‘vaina’! La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha puesto al Ministerio Público en un ‘lío’ grande, ratificando la existencia de un ‘fraude procesal’ en el juicio que se sigue contra varios exfuncionarios. Este alegato, que ha sonado fuerte en los pasillos de los tribunales dominicanos, cuestiona desde el momento en que se depositó la acusación hasta la forma en que el ente acusador obtuvo pruebas periciales que, asegún los abogados, tienen más lagunas que un campo de golf en la sequía. Es una situación que mantiene a todo el mundo con los ojos bien abiertos, porque la integridad del proceso está en juego.
Los abogados del exministro, durante la audiencia, respondieron a la réplica de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) con un arsenal de argumentos bien montados. Lo más llamativo es que, asegún la propia documentación aportada por la parte acusadora, la acusación fue introducida fuera del plazo legal establecido. ¡Imagínense! La Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber remitido el expediente el 30 de abril de 2024, pero documentos con fe pública del Cuarto Juzgado de la Instrucción evidencian que fue recibido 14 días después. Y eso que ambas dependencias están ‘al lado una de la otra’. ¿Dónde diablos estuvo ese expediente durante todo ese tiempo? Ese es un misterio que la defensa está exigiendo aclarar, porque huele a chamusquina.
Este tipo de irregularidades no son un chiste; hablamos del debido proceso y la cadena de custodia, pilares fundamentales en cualquier sistema de justicia que se respete. La interrogante sobre el paradero de la acusación y las pruebas en ese intervalo de dos semanas no es poca cosa; es una cuestión crítica que podría viciar todo el proceso. En República Dominicana, donde la lucha contra la corrupción administrativa es un tema candente y la ciudadanía exige transparencia a cada paso, la menor sospecha de manipulación procesal puede tener un impacto devastador en la confianza pública.
Pero el ‘lío’ no se queda ahí. En materia probatoria, la defensa le ha puesto la lupa a la validez de varias pericias. Señalan que algunas se realizaron bajo instrucciones directas de fiscales y, lo que es peor, incluyeron extracciones de información de dispositivos móviles antes de obtener la debida autorización judicial. ¡Así no se puede! Además, denuncian informes financieros con documentos recabados sin orden judicial o en plazos técnicamente incompatibles con la elaboración rigurosa de dichos análisis. Es como querer construir un edificio sin los planos aprobados; la estructura, de una vez, nace con problemas de cimientos.
La PEPCA, que ha tenido un papel protagónico en destapar esquemas de corrupción, ahora se ve en el ojo del huracán por la forma en que ha manejado este expediente. La opinión pública dominicana está atenta, pues casos de esta magnitud son cruciales para la credibilidad de nuestras instituciones. Si la justicia no se aplica con rigor procesal y apego a la ley, se corre el riesgo de que todo el esfuerzo por combatir la impunidad se quede en un mero ‘show mediático’, sin resultados concretos que satisfagan la sed de justicia del pueblo dominicano.
Este proceso judicial, que forma parte de una causa más amplia que involucra a varios exfuncionarios, es un termómetro para el sistema de justicia dominicano. La exigencia de la defensa de Castillo de que no hay pruebas suficientes para vincularlo con los hechos imputados y que el Ministerio Público no ha incorporado elementos probatorios nuevos en su réplica, deja claro que la ‘vaina’ está ‘caliente’. Si se pretende llevar el caso a juicio ‘como si fuera un acto de fe’, según la defensa, la credibilidad de todo el sistema podría salir con un rasguño del que costaría mucho recuperarse.
Es imperativo que el sistema judicial dominicano demuestre que, independientemente de los nombres involucrados, el debido proceso y la garantía de los derechos fundamentales son inquebrantables. La justicia tiene que ser ciega, pero no sorda a las irregularidades. El país necesita sentencias justas, pero sobre todo, procesos cristalinos que no den pie a dudas. Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
