¡Ay, Dios mío, la vaina se ha puesto un poco ‘trancada’ en lo que a la inversión pública se refiere! Un informe reciente de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) ha encendido las alarmas, revelando un considerable rezago en la ejecución de las partidas destinadas a proyectos de infraestructura y desarrollo para este año. Esto es una situación que, según la noticia, choca un poco con las declaraciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien aseguraba que la necesidad de destinar recursos a los subsidios de combustibles y al sector eléctrico no había afectado el ritmo del gasto de capital del Gobierno. Pero, ¡ay, mi gente!, los números de la Digepres parecen contar otra historia.
Asegún el reporte, el presupuesto total para proyectos de inversión pública este año asciende a unos RD$106,927.3 millones. La expectativa era que, para octubre, ya se hubiese ejecutado al menos un 83.3% de ese monto, lo que se traduciría en unos RD$89,070.4 millones de pesos invertidos. Sin embargo, la realidad, como diría el ‘tigueraje’, ha sido otra: solo se logró ejecutar un 69.8%, apenas RD$74,663.8 millones. Este distanciamiento entre lo planificado y lo ejecutado es una señal clara de que algo no anda del todo bien en los engranajes de la administración pública en este aspecto tan vital.
Este ‘tranque’ en la ejecución no es solo un dato frío en un papel, sino que tiene implicaciones directas para el país y su gente. De continuar con este ritmo pausado, se proyecta que al finalizar el año, la inversión en obras apenas alcanzaría los RD$89,632 millones. Esto dejaría en el aire, o mejor dicho, en el olvido, aproximadamente RD$17,000 millones sin ejecutar. ¿Qué significa esto? Pues un viaje de obras inconclusas o, peor aún, proyectos que ni siquiera habrían arrancado. Imaginen el impacto en comunidades que esperan esa carretera, esa escuela, ese hospital; es una chercha que no es nada de ‘bacano’ para el desarrollo nacional.
El ministro Díaz ha insistido en varias ocasiones, según lo reportado, en que el impacto de la crisis externa –esa que ha disparado los costos de los recursos energéticos– no había puesto freno a las partidas de inversión en obras. A pesar de los esfuerzos del Gobierno en destinar recursos adicionales para mantener a raya los precios de los combustibles y cubrir el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad, el reporte de la Digepres muestra una grieta entre esa afirmación y la asignación presupuestaria versus la ejecución real de esos fondos hasta octubre. Históricamente, la economía dominicana ha sido vulnerable a las fluctuaciones de los mercados energéticos internacionales, un factor que siempre pone a prueba la resiliencia fiscal del país.
Este desfase en la ejecución de la inversión pública puede tener múltiples causas, desde desafíos burocráticos y logísticos hasta problemas de planificación o una inadecuada asignación de prioridades. Lo que sí es claro es que cuando estos proyectos se atrasan o quedan inconclusos, el desarrollo económico se ralentiza, la generación de empleo se frena y la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos se ve afectada. Es un dominó que impacta desde el más pequeño colmado hasta los grandes sectores productivos del país, y al final, el pueblo es quien paga los platos rotos.
Es crucial que se tomen medidas correctivas de una vez, como se dice en el patio, para dinamizar estos procesos. La transparencia en la gestión de los fondos públicos y una mayor eficiencia en la ejecución de las obras son fundamentales para asegurar que cada peso presupuestado se convierta en progreso real para la República Dominicana. El país necesita que sus recursos se transformen en realidades tangibles, no en números estancados en informes. ¡El dominicano espera y merece que las cosas se hagan bien y a tiempo!
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