El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, advirtió sobre la crisis financiera estructural que enfrenta la gestión de residuos sólidos en el país y subrayó la urgencia de dotar a los gobiernos locales de recursos suficientes para garantizar condiciones adecuadas para dicha gestión.
Al referirse al debate generado por la Ley 98-25, Richardson reconoció las inquietudes expresadas por el sector comercial y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a las que definió como un motor clave de la economía nacional. No obstante, afirmó que la situación del servicio de recolección de desechos no admite más dilaciones.
“El servicio de recolección está siendo subvencionado casi en su totalidad por los gobiernos locales, lo que drena fondos que deberían destinarse a obras vitales como aceras, contenes, alumbrado público y programas de asistencia social”, señaló.
Richardson llamó a una reflexión sobre las tarifas aplicadas por ayuntamientos y juntas municipales, que en la mayoría de los casos son inexistentes o simbólicas, y contrastó esa realidad con otros países de la región, donde el costo promedio por tonelada de residuos gestionados ronda los RD$3,000.
Indicó que, en República Dominicana, el costo por kilo recolectado y transportado hasta su disposición final supera ampliamente el aporte actual del sector empresarial, incluso con la contribución establecida en la ley.
El director de Fedodim sostuvo que, al promediar la Contribución Especial, el impacto mensual para comerciantes y pequeñas empresas oscila entre RD$250 y RD$500, una cifra que calificó como mínima frente al beneficio de operar en un entorno limpio y saludable.
“No es una carga caprichosa, es el costo de la sostenibilidad“, afirmó.
Subvenciones
Desde Fedodim se reiteró el principio de que “quien contamina, paga”, al tiempo que sostuvo que las subvenciones del Estado y de los gobiernos locales deben destinarse a los sectores con menores ingresos o sin capacidad de pago, para garantizar que nadie quede excluido del servicio.
Richardson concluyó con un llamado al diálogo y a la comprensión mutua, y abogó por una solución que permita a los gobiernos locales dejar de ser simples recolectores de desechos y asumir un rol más amplio como gestores de desarrollo humano, sustentado en una financiación justa y transparente de los servicios públicos.
