Panorama Nacional. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que el proyecto de ley que busca crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regular el Sistema Nacional de Inteligencia presenta graves conflictos con la Constitución de la República, al otorgar facultades que podrían vulnerar derechos fundamentales y alterar el equilibrio institucional del Estado.
La entidad señaló que, aunque reconoce la necesidad de contar con un sistema de inteligencia moderno y eficaz para la protección de la seguridad nacional, el texto aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados contiene disposiciones que entran en contradicción con principios constitucionales, especialmente en lo relativo a la privacidad, el debido proceso, la separación de poderes y el control judicial.
Finjus sostuvo que el proyecto confiere a la DNI atribuciones amplias y poco delimitadas, que podrían dar lugar a intervenciones indebidas en la vida privada de las personas, sin garantías claras de autorización judicial previa ni mecanismos de supervisión independientes y efectivos, como exige la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, advirtió que algunas disposiciones podrían generar confusión de competencias con otros órganos del Estado, debilitando los controles democráticos y concentrando funciones sensibles en una sola entidad, lo que resulta incompatible con el modelo constitucional dominicano.
La fundación hizo un llamado al Congreso Nacional a revisar de manera integral el proyecto, abrir un proceso de discusión más amplio y transparente, y garantizar que cualquier normativa en materia de inteligencia se ajuste estrictamente al marco constitucional, establezca límites precisos, controles rigurosos y salvaguardas efectivas para la protección de los derechos fundamentales.
Finalmente, Finjus reiteró que la seguridad nacional no puede construirse al margen de la Constitución ni a costa de las libertades públicas, y subrayó que un sistema de inteligencia legítimo y sostenible debe estar sustentado en la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto absoluto al Estado de derecho.
