En medio de un auge de los delitos cibernéticos y del lavado de dinero, el fiscal de Perú, Juan Carlos Villena, apunta los dedos hacia el ecosistema de las criptomonedas.
Según la información publicada en el sitio oficial de la Fiscalía del Perú, Villena destacó la necesidad de abordar los desafíos comunes que enfrentan los fiscales de Latinoamérica para la persecución del delito de ciberdelincuencia, en el marco del creciente uso de criptoactivos.
«La rápida evolución de la tecnología y la creciente adopción de criptomonedas ha creado nuevos escenarios para la criminalidad, y la seguridad en el ciberespacio enfrenta nuevos desafíos que amenazan a la sociedad», dijo en una declaración a los medios locales.
Las declaraciones de Villena, en las que responsabiliza al sector de las criptomonedas por el auge de la criminalidad, se hicieron durante la inauguración de un taller sobre delitos cibernéticos organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Allí dijo que están dispuestos a enfrentar fuertemente este tipo de delitos y agregó que, como fiscales, «tenemos la responsabilidad de capacitarnos para investigar y perseguir a los infractores para lograr la sanción de la ciberdelincuencia».
Se comprometió de esta forma a preparar a los funcionarios en la investigación y sanción además del entendimiento del mundo de las criptomonedas.
Las declaraciones de Villena se hacen en un entorno en el que las autoridades peruanas observan un aumento significativo de las actividades de lavado de dinero. Y aunque hasta ahora se sabe que la participación del ecosistema en estos delitos es mínima, existe el temor de que estos activos sean usados por los delincuentes.
En función de ello, se han venido implementando un conjunto de medidas que imponen a las empresas del sector -que operan en el país suramericano- el cumplimiento de una serie de requisitos.
Entre las exigencias se halla la designación de un oficial de cumplimiento, la aplicación de controles internos y la realización de una identificación exhaustiva de los clientes. Estas exigencias se han puesto en marcha luego de que se aprobara una normativa que incluyó a los exchanges como sujetos obligados a informar al gobierno sobre transacciones con criptomonedas.
Es así como, en cumplimiento de un decreto presidencial publicado en 2023, los exchanges (identificados como proveedores de servicios de activos virtuales o PSAV) ahora deben entregar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).
La medida fue ratificada este mes de agosto, con la publicación de la medida por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Tal como informó CriptoNoticias, el objetivo es «abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo ligadas a las operaciones con criptomonedas», según acota en el Decreto. Mientras, se está a la espera de la discusión de una regulación para el sector.
Todo esto ocurre en un contexto en el cual el uso de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas ha tenido un amplio avance en Perú. Los cálculos apuntan que más de un millón de peruanos tienen criptomonedas y el país se destaca por ser sede de varias ciudadelas, economías circulares donde la cotidianidad de las comunidades gira en torno a bitcoin.
