Argentina está por cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de reforzar su nivel de reservas. En los últimos días, la inestabilidad global originada en Washington también ha impactado en el mercado local, impulsando tanto el riesgo país como la cotización del dólar. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene un tipo de cambio con un ajuste mensual del 1%, bajo la modalidad de crawling peg: un régimen que combina un tipo de cambio fijo con correcciones graduales. En este esquema, el dólar oficial se mantiene controlado, pero se ajusta progresivamente a un ritmo preestablecido.
Según reportaron medios locales, el FMI tiene previsto someter la propuesta a votación este viernes 11. Vale destacar que, de acuerdo con los datos del propio organismo, Argentina ha firmado más de 20 acuerdos con el Fondo a lo largo de su historia. El más reciente fue uno del tipo Extended Fund Facility (EFF, por sus siglas en inglés; servicio ampliado del Fondo, en español), suscrito en 2022, destinado a países que necesitan implementar reformas económicas de fondo.
Así pues, se habla de un primer desembolso que podría rondar el 60% del monto acordado, es decir, unos USD 12.000 millones —cifra superior a los USD 8.000 millones que se estimaban inicialmente—. Según confirmó el diario La Nación a través de fuentes anónimas, varios países miembros del FMI habrían exigido la presentación de una hoja de ruta que contemple el abandono del actual régimen de crawling peg, con el objetivo de que Argentina avance hacia un sistema de «flotación sucia» —es decir, en el que el Banco Central pueda intervenir en el mercado cambiario—.
También se estima que, si el FMI aprueba el nuevo acuerdo esta semana —que sería del tipo Extended Fund Facility (EFF)—, la primera tanda de fondos podría llegar ese mismo día a manos del Banco Central. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el organismo no exigiría una devaluación abrupta del tipo de cambio.
Por otro lado, hay expectativas de que, junto con los fondos del FMI, se desembolsen créditos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que elevaría los préstamos para Argentina por encima de los USD 24.000 millones.
Hace apenas unas semanas, en un artículo de opinión, el propio presidente Milei profundizó en su diagnóstico sobre la situación económica del país. Según explicó, los problemas de Argentina tienen su origen en profundos desequilibrios causados por una expansión desmedida de la base monetaria. Advirtió que, incluso poniendo fin a la emisión de dinero, sus efectos continúan sintiéndose por un tiempo. Por ello, el gobierno habría optado por mantener el régimen de crawling peg mientras trabaja en paralelo en la recomposición del balance del Banco Central.
Para Milei, no basta con frenar la emisión de dinero o estabilizar el tipo de cambio: también es fundamental resolver los desequilibrios estructurales del Banco Central. Argumenta que si la entidad monetaria tiene un patrimonio neto negativo —es decir, si sus pasivos superan el valor de sus activos—, la economía arrastra una presión inflacionaria latente. Es por esta razón que habrían acudido al FMI: para aumentar reservas y sentar las bases de un proceso desinflacionario que sea sostenible.
El regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional ha generado polémica tanto dentro como fuera del país. A comienzos de enero, CriptoNoticias reportó la opinión del reconocido economista Saifedean Ammous, quien advirtió que un nuevo acuerdo con el organismo «condenará a los argentinos a una esclavitud generacional de deuda». En aquella ocasión, el asesor en temas de bitcoin del presidente salvadoreño Nayib Bukele calificó a Milei como «otro populista latinoamericano», y sostuvo que logró «engañar a los pobres argentinos para que vuelvan a confiar en su banco central quebrado».
Mientras Argentina avanza en un nuevo acuerdo con el FMI y busca recomponer su frente macroeconómico, en paralelo también endurece el control fiscal sobre los ciudadanos. A comienzos de abril, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el sistema para presentar la declaración del impuesto a los Bienes Personales, que ahora exige a los contribuyentes detallar no solo la cantidad y valuación de sus criptoactivos, sino también su fecha de adquisición, clave pública y tipo de almacenamiento. Esta nueva obligación alcanza a quienes poseen criptomonedas por más de USD 200.000.
