En unas elecciones donde no solamente está en juego el futuro democrático, sino también el ecosistema criminal de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha recurrido a una serie de herramientas ilegales y represivas para asegurar un tercer mandato consecutivo el próximo domingo.
“Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado 17 de julio en un acto de campaña en Caracas, la capital venezolana.
Maduro tiene motivos para preocuparse. Casi el 60% de los electores tienen intención de votar por el candidato opositor Edmundo González Urrutia y sólo el 24,6% por Maduro, según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y la encuestadora Delphos.
A medida que la popularidad de Maduro disminuye, el régimen ha recurrido a su modelo híbrido de gobernanza criminal. A lo largo de su tiempo en el poder, Maduro ha establecido alianzas con actores criminales y ha utilizado ganancias criminales para apuntalar su autoridad y garantizar la lealtad de figuras políticas y militares clave.
El gobierno de Maduro no ha dudado en utilizar a sus aliados criminales cuando se ha visto amenazado en el pasado. En el periodo previo a las elecciones, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales (GANE) han cooperado para intimidar a los candidatos de la oposición y reprimir a sus partidarios.
Estos grupos tienen sus propios motivos para asegurar una victoria de Maduro. El resultado de las elecciones del 28 de julio impacta no sólo al gobierno, sino a todos los grupos armados que se benefician de la impunidad y los privilegios que les proporciona su alianza con el Estado, por lo que están dispuestos a luchar para aferrarse a eso.
Los grupos armados no estatales influyen en el comportamiento de los votantes
En una reciente visita a Tumeremo, un pueblo minero ubicado en el municipio de Sifontes, en el estado sureño de Bolívar, InSight Crime fue testigo de cómo cientos de personas vestidas con camisetas rojas, el color del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro, bajaban de autobuses. Acompañados por motociclistas vestidos del mismo color, el grupo se reunió en la plaza del pueblo para un acto de campaña en apoyo a Maduro.
Según fuentes locales que pidieron permanecer en anonimato por razones de seguridad, las personas de rojo eran de Las Claritas, una zona minera cercana a Tumeremo controlada por el Sindicato de Las Claritas. A principios de julio, el grupo criminal obligó a las empresas y minas a cerrar durante un día y presionó a los residentes para que asistieran al acto de campaña a favor del gobierno.
En el pasado, la banda supuestamente obligó a los residentes a salir a votar, incluso entrando en los colegios electorales para “ayudar” a la gente a depositar su voto, dijeron los residentes.
“Usted lo que tiene que hacer es entregar la cédula, poner su huella y ya. Usted no puede mencionar nada”, dijo uno de los residentes. “Y eso es lo que está pasando ahorita también”.
En las elecciones regionales de 2021, el miembro del PSUV y actual gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, obtuvo más del 80% de los votos en la parroquia San Isidro, epicentro del poder del Sindicato de Las Claritas.
En el estado de Táchira, fronterizo entre Venezuela y Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana activa en ambos países, también ha inclinado la balanza electoral a favor del régimen.
“En todos los municipios de la frontera, grupos armados al margen de la ley pasan en las mañanas y noches en sus camionetas, intimidando, cerca de donde nosotros estamos haciendo reportes de nuestros activismos”, le dijo a InSight Crime un líder social de la frontera que ha apoyado la candidatura de la oposición.
Además de realizar patrullajes e inspecciones en municipios como San Cristóbal, Junín, Rubio, Seboruco y Ureña, el ELN también ha sido acusado de distribuir panfletos por Táchira amenazando a líderes sociales y de pintar símbolos amenazantes en las casas de dirigentes opositores.
La intromisión política de los GANE en Táchira y Bolívar forma parte de una tendencia nacional más amplia. Los colectivos armados –grupos paramilitares progubernamentales que defienden la agenda del gobierno– también han participado activamente en estas elecciones, y servirán como estrategia de respaldo si los resultados no favorecen al régimen.
