Panorama Político. El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió este domingo que la Operación Cobra, puesta en marcha por la Procuraduría General de la República (PGR), llegue “hasta las últimas consecuencias”, al considerar que se trata de un caso que fue denunciado desde 2021 por esa organización política, mientras que en ese entonces las autoridades del gobierno lo negaban.
La posición fue expresada por Fernando Caamaño, titular de la Secretaría de Seguridad Social del partido, quien dio a conocer un comunicado en el que se valora la judicialización del caso relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“El partido Fuerza del Pueblo (FP) celebra que la Procuraduría General de la República (PGR) haya dado inicio formal a la Operación Cobra, relativa a la judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)”, indica el documento.
En ese contexto, la FP plantea que el proceso debe manejarse con absoluta claridad. “Fuerza del Pueblo exige transparencia e información oportuna, en ocasión del apresamiento del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y exdirector del Sector Externo del PRM, Dr. Santiago Hazim”, sostuvo.
Asimismo, recordó que fue esa Secretaría la cual desde 2021 presentó denuncias formales ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), solicitando la intervención de Senasa ante los indicios de irregularidades.
“Por el citado apresamiento por parte de las autoridades, se hace mandatoria una atención estrecha al caso, ya que el pueblo dominicano no puede seguir siendo burlado en sus más sensibles intereses, como lo es el servicio de salud”, advirtió el comunicado.
En ese mismo orden, Fuerza del Pueblo demanda que los recursos públicos desviados sean recuperados y devueltos sin demoras que: “Agregamos que todos los valores sustraídos o desviados irregularmente del Senasa, mediante los contratos que en los tribunales resulten haber sido ilegalmente ejecutados, sean devueltos en su totalidad, de manera expedita y sin dilación alguna al Senasa”.
Además, el documento fijó una posición tajante frente al uso de fondos del Régimen Contributivo en el cual: “Exigimos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) se abstenga de tocar recurso financiero alguno del Régimen Contributivo (RC) para solventar los problemas que ellos mismos permitieron que se generaran en el Régimen Subsidiado de Senasa”.
Hasta tanto, no haya una sentencia firme, la organización consideró que debe prevalecer la prudencia que: “Hasta tanto no se pronuncien los tribunales respecto a las cuantías de dinero envueltas en la trama y sobre la culpabilidad de los involucrados, debe preservarse la integridad de los fondos”.
De igual forma, rechazaron cualquier intento de utilizar recursos de otras áreas del sistema, «este requerimiento se basa en los aprestos del CNSS y la Sisalril para extraer recursos a las ARS pequeñas y solventar con ellos a una Senasa que ellos permitieron mal administrar y politizar. Tampoco, deben tocarse las Inversiones de Reservas Técnicas del Seguro de Riesgos Laborales, pertenecientes, estrictamente, al Idoppril y pagadas al 100 % por los empleadores que cotizan al Régimen Contributivo del SDSS”.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo atribuyó el avance del caso a la presión ejercida desde la oposición, el cual valoraron que: “Calificamos la acción de la PGR como el resultado de las exigencias de Fuerza del Pueblo en su lucha por los derechos de la población. Quedamos vigilantes de que se cumpla el debido proceso y que finalmente se haga justicia”, concluyó el comunicado.
