La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha dado un paso trascendental, acusando a nueve exmiembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y lesa humanidad. Esta decisión, que abarca hechos ocurridos en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío durante el conflicto armado, no es una ‘vaina’ cualquiera; marca un punto crucial en el camino hacia la verdad y la justicia. El país cafetero, que ha cargado con un historial de violencia, ahora ve cómo la Justicia colombiana empieza a desentrañar capítulos dolorosos, trayendo a la luz responsabilidades que por años estuvieron ‘en el aire’.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha sido bien específica, atribuyendo a estos individuos responsabilidades por una diversidad de actos atroces. Hablamos de homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y un sinfín de ataques contra la población civil y la fuerza pública. Incluso se les imputan tomas guerrilleras y el empleo de armas que contravienen el derecho internacional humanitario, una lista que ‘asegún’ el reporte, te pone los pelos de punta por la magnitud de los hechos.
Entre los acusados figura Pablo Catatumbo Torres Victoria, un nombre que, según la noticia, sonó bastante después del Acuerdo de Paz de 2016, pues llegó a ser congresista por el partido Comunes. Es relevante recordar que ese partido, surgido de los firmantes de la paz, desapareció este año al no obtener los votos suficientes. A Catatumbo se unen en esta acusación Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina, todos identificados como miembros del antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC.
Las investigaciones detallan ‘un viaje de’ incursiones armadas; específicamente, 94 acciones perpetradas por el CCC entre 1991 y 2016. Esto convierte a dicha estructura en la que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía realizó en todo el país, lo que habla del ‘tigueraje’ y la capacidad de destrucción que manejaban. Para documentar esto, se analizaron cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales, además de los conmovedores relatos de 967 víctimas individuales acreditadas, de las cuales un 54% eran campesinos.
Entre los hechos más crudos documentados se encuentra la toma de Roncesvalles en julio de 2000, que dejó más de 30 edificaciones totalmente destruidas y cerca de 800 personas desplazadas, una tragedia que partió el alma. Otro suceso que resalta es la ofensiva contra Puerto Saldaña, entre abril y mayo de ese mismo año, la cual provocó el desplazamiento de más de 3,600 personas y el asesinato de al menos 27 civiles. Son eventos que, por más que se intenten olvidar, quedan grabados en la memoria colectiva del pueblo.
Para Alejandro Ramelli, el presidente saliente de la JEP, esta ‘macroimputación’ representa un avance gigantesco en el esclarecimiento de la verdad judicial y la justicia. Él mismo señaló que, en el pasado, por las dinámicas del conflicto, apenas un 10% de estos casos lograban una sentencia, lo que resalta la relevancia de este momento. Por su parte, la magistrada relatora Marcela Giraldo enfatizó que es la primera vez que los comparecientes responden por las ‘macrovictimizaciones’ investigadas en este expediente, abarcando crímenes no amnistiables que no habían sido incluidos en otros macrocasos.
Ahora, ¿qué es lo que viene en el proceso? Luego de la notificación de esta decisión, los nueve comparecientes tienen un plazo de 20 días hábiles para pronunciarse sobre los hechos y conductas que se les atribuyen. Adicionalmente, dispondrán de 30 días hábiles para presentar sus observaciones y aportar cualquier información que consideren relevante para el esclarecimiento de la verdad. Eso sí, lo más importante es que dentro de ese mismo plazo deben entregar información crucial para localizar a 30 personas desaparecidas relacionadas con los hechos investigados, un compromiso vital para sanar viejas heridas.
La JEP ha dejado claras las reglas del juego: si los acusados reconocen su responsabilidad, serán convocados a una audiencia pública con las víctimas y se les impondrán sanciones restaurativas. Aunque estas no incluyen cárcel, sí contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades. Sin embargo, si deciden negar su responsabilidad, se enfrentarán a un juicio ‘de una vez’ y, si la Justicia los encuentra culpables, podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión. Esto demuestra que la JEP está actuando con firmeza, buscando que se haga justicia y que se pase la página de la impunidad.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
