La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) se ha ‘desligado’ de la responsabilidad en el trágico colapso de la discoteca Jet Set, una vaina que ha dejado un mal sabor en la boca del pueblo dominicano. Según la defensa técnica de la entidad municipal, la culpa de la modificación del uso de suelo recae directamente sobre los propietarios del inmueble y no sobre la institución que representa a la capital. Esta postura de la Alcaldía ha generado un coro de críticas y un fuerte rechazo, especialmente por parte de los familiares de las 236 víctimas que aún claman por justicia. La gente se pregunta: ¿quién le va a poner el cascabel al gato con este lío?
El desplome del Jet Set no fue un simple accidente; fue una desgracia que evidenció un ‘relajo’ en la fiscalización y supervisión de las obras en nuestro país. Los sobrevivientes y familiares han denunciado, con la voz entrecortada, una negligencia administrativa y técnica que permitió que un establecimiento con fallas estructurales operara como si estuviera de lo más bien. Esta tragedia, ocurrida en 2012, todavía resuena como un campanazo en la conciencia nacional, recordándonos la importancia de que las autoridades cumplan con su ‘vaina’ y velen por la seguridad de la ciudadanía.
La normativa dominicana es clara: para cualquier cambio de uso de suelo o modificación estructural de un inmueble, se requieren permisos específicos y rigurosas inspecciones por parte de la autoridad municipal. La pregunta del millón aquí es si esos procesos se cumplieron a cabalidad en el caso del Jet Set, o si hubo ‘mano floja’ por parte de quienes debían velar por la seguridad de la gente. El proceso para obtener los permisos de construcción y operación es un viaje complejo que involucra ingenieros, arquitectos y, por supuesto, el visto bueno municipal. ¿Dónde se rompió la cadena de responsabilidad?
Más allá del caso puntual, esta situación pone sobre el tapete la necesidad urgente de fortalecer las instituciones encargadas de la planificación urbana y la supervisión de edificaciones. En un país donde el crecimiento es constante y a veces desordenado, es fundamental que el ‘tigueraje’ de pasar por alto las normas sea cosa del pasado. La falta de un seguimiento efectivo puede costar vidas, como lamentablemente sucedió en este fatídico evento. Es un recordatorio de que la seguridad de los ciudadanos no es un juego ni un asunto para tomar a la ligera por ninguna entidad pública o privada.
Las secuelas de esta tragedia siguen latentes, y el clamor por la justicia no se apaga. Los familiares de las víctimas han mantenido una lucha constante, buscando que tanto los dueños del inmueble como las entidades estatales asuman su parte en esta ‘vaina’ tan dolorosa. La sociedad dominicana espera que este caso siente un precedente importante para que situaciones similares no se repitan y que cada quien cumpla con su rol. No se trata solo de señalar culpas, sino de asegurar que la vida de los dominicanos sea prioritaria y protegida por quienes tienen el deber de hacerlo.
Este episodio del Jet Set nos obliga a reflexionar sobre la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Es crucial que la población sienta que sus autoridades trabajan por el bien común y que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las instituciones que juran velar por nuestro bienestar. Al final del día, todos queremos un país seguro, donde las edificaciones no sean trampas mortales y donde la justicia, aunque tarde, siempre llegue. Es una vaina que nos concierne a todos, y que exige acción.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
