Se llamaba Jhon Reyes, tenía 22 años y era padre de un niño de un año. Salió de su casa la noche del 20 de febrero y junto a un amigo fue detenido en una redada. Tras enterarse de la detención, su madre Ana María Reyes, lo buscó incansablemente, efectuó un periplo por todos los cuarteles de Santo Domingo Oeste, pero jamás imaginó que encontraría su cuerpo irreconocible en la morgue del Inacif.
Reyes exige justicia, ha denunciado la cruenta muerte que dieron a su hijo quienes estaban para protegerlo, pero lejos de responder por sus acciones, la convocan al destacamento de Las Caobas, Herrera, donde fue amenazada por un supuesto capitán, quien le pidió retractarse por las denuncias efectuadas. El acompañante dijo que no puede hablar, pues también fue amenazado. Ahora ella teme por su vida y la de su otro hijo.
A unos kilómetros de allí, en la Autovía del Este, miembros de esa misma Policía tirotearon el vehículo de una mujer que transportaba a sus hijos y a otros menores, ¿la razón?, no se detuvo cuando la apuntaban con sus armas porque consideraron el carro “sospechoso”.
Lo anteriormente narrado, describe el accionar de un sistema policial cuasi cavernario, violento, cuyos miembros lejos de proteger a la ciudadanía, le infunden temor. Se trata de una policía cuyo parámetro de perfil sospechoso son los tenis o el corte de pelo que llevan los jóvenes de los barrios.
A esas madres hay que dar respuestas, a ellas le dan tres pitos que le cambien el uniforme a los agentes o que a “el jefe” ahora le llamen director, o ver a Faride Raful cada lunes diciendo que los homicidios bajaron. A ella y todos los que con nuestros impuestos pagamos ese sistema policial, demandamos justicia.
