La República Dominicana se encuentra en un verdadero ‘aprieto’ económico, según alertan representantes de sectores empresariales y sociales. La ‘vaina’ está tensa por el aumento significativo de los subsidios, especialmente en combustibles y energía, lo que ha puesto al país en un brete que requiere un ‘pacto nacional’ urgente. El presidente Abinader reveló que este año se han metido 142 millones de pesos a esos subsidios, casi cinco veces más de lo proyectado en el Presupuesto de 2026, ¡un ‘disparate’ de dinero! La discusión central gira en torno a cómo mantener la estabilidad sin que el pueblo sienta el ‘golpe’ muy fuerte.
Esta situación es consecuencia directa de la subida de los precios internacionales del combustible, las presiones con el costo de la energía eléctrica y las amenazas de que se disparen las tarifas del transporte público. Todo esto crea un escenario ‘complicado’ para nuestra economía, donde el Gobierno hace malabares para proteger al consumidor sin desbaratar las finanzas públicas. El encarecimiento del diésel es ‘crucial’, porque ese es el que mueve las guaguas, los camiones con comida, el campo, la industria y hasta la luz. Es un dominó que si cae uno, tumba los demás ‘de una vez’.
Economistas, empresarios y sociólogos consultados, como Rafael Espinal, ven que el país atraviesa una coyuntura delicada. Espinal advierte que la inflación global, la inestabilidad económica y cierta debilidad institucional pueden encender la ‘chispa’ de la inconformidad y el ‘tigueraje’ social. Él señala que las economías chiquitas, como la nuestra, que dependen mucho de lo que pasa afuera, son más ‘vulnerables’ por la volatilidad de sus producciones, las limitaciones de siempre en la calidad de vida y esa ‘deuda social’ que arrastramos.
‘No escapamos a la tentación social de la inconformidad con el estatus de concentración de riqueza, pérdida de capacidad de compra y debilidad fiscal para afrontar la crisis de precios de combustibles, materias primas y transporte al nivel mundial’, afirmó Espinal a EL DÍA. De otro lado, el sociólogo Carlos Peña aporta que las consecuencias sociales hoy se ven diferente a antes. A su parecer, en el siglo XX había proyectos colectivos que unían a la gente, pero ahora vivimos en una sociedad más ‘fragmentada’, donde cada quien busca lo suyo y las aspiraciones individuales han desplazado buena parte de los objetivos comunes.
Peña argumenta que ‘El proyecto dominicano común parece existir hoy únicamente frente al tema haitiano’. Esta realidad, aunque puede dar una aparente estabilidad social frente a las crisis económicas, también limita la capacidad del pueblo para defender y ampliar sus derechos. O sea, que la gente no se une para reclamar como antes, lo que tiene sus pros y sus contras, ‘asegún’ se mire.
Ante esta presión fiscal, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León Reyes, propuso armar un diálogo público-privado para lograr un ‘pacto fiscal integral’. Él entiende que es vital revisar los subsidios actuales y buscar formas de ‘focalizarlos’ para que lleguen a quienes de verdad los necesitan, a los sectores más vulnerables. Así se evita que los ‘chivos’ se repartan sin control a gente que no los necesita tanto, haciendo el uso de los recursos públicos más eficiente, ¡que es lo que hace falta!
‘Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa y realizar propuestas en un esquema participativo’, aseguró De León Reyes durante la presentación de un estudio de ANJE y la Escuela Nacional de la Magistratura. Esto demuestra la seriedad con la que el sector privado ve la ‘situación’. Por su parte, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el Gobierno proyecta destinar unos RD$39,000 millones en 2026 a programas sociales como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz, de los cuales ya se han gastado RD$27,000 millones. Además, se destinan RD$11 millones diarios para subsidiar el transporte en el Metro, pagando RD$27.50 por pasajero, ¡eso es un ‘viaje’ de plata!
Estos datos, presentados por Rijo Presbot en ‘La Agenda Semanal’ con el presidente Luis Abinader, bajo el tema ‘El costo de lo esencial’, subrayan el compromiso de proteger a las familias más precarias. Sin embargo, la balanza entre proteger a la gente y no desangrar las finanzas públicas es un reto ‘bacano’ que requiere la unión de todos los sectores para buscar soluciones sostenibles, porque como dice el dicho: ‘no hay peor lucha que la que no se hace’.
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